La salud de los colombianos, y una polémica reforma condenada al fracaso

El intento del Gobierno colombiano de reformar el sistema de salud parece condenado al fracaso por la falta de consenso político y social sobre la forma como debe manejarse este servicio, convertido en un millonario negocio salpicado por la corrupción.

El proyecto de ley, que ya fue aprobado en el Senado y está en trámite en la Cámara de Representantes, ha puesto en pie de guerra a los trabajadores de la salud y estudiantes de especialidades médicas que defienden una reforma siempre y cuando se garantice el derecho de los ciudadanos a la salud, dé valor a los profesionales del sector y elimine los intermediarios en la prestación de servicios.

El sector espera desde hace años esta reforma pero considera que la presentada por el Gobierno no refleja las necesidades del sistema de salud y sólo hace una reorganización de intereses que beneficiará a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS).

Estas empresas, que hacen de intermediarias entre el usuario y los hospitales, son las que reciben el mayor beneficio económico, en detrimento del personal sanitario.

Para Catalina Latorre, experta en salud pública y directora del Centro de Educación para las Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, en el proyecto aprobado por el Senado “no hay una reforma real” y por lo tanto los vacíos y deficiencias del sector seguirán si finalmente la iniciativa se convierte en ley.

El movimiento ciudadano, “Por una salud digna en Colombia” ha articulado en las últimas semanas protestas de “batas blancas” en diferentes ciudades del país para expresar su rechazo a la norma tal como está planteada, pese a lo cual el Gobierno, encabezado por el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, la defiende a capa y espada.

Los trabajadores de la salud consideran que el Gobierno debe reformar la Ley 100, de diciembre de 1993, que creó el sistema de seguridad social integral pero prácticamente la privatizó al transferir los servicios de atención médica a las EPS.

Esas empresas están en el centro de la polémica porque además de ser las que reciben el mayor beneficio económico, en detrimento del personal sanitario y de los pacientes, pueden salir fortalecidas con la reforma como quiera que serían transformadas en Gestoras de Salud.
Esa nueva función les daría “un papel dominante en el sistema, legalizando la apropiación de recursos públicos de la salud a manera de utilidades”, según  la Asociación Nacional de Internos y Residentes (Anir), que agrupa a profesionales del área médica.

La desconfianza del personal sanitario hacia ese fortalecimiento de las EPS es justificado si se tiene en cuenta que la principal compañía del sector, Saludcoop, un conglomerado de 26 empresas con negocios también en el exterior, se vio inmersa en 2011 en un escándalo de corrupción por la utilización de millonarios recursos de la salud para otros fines como la compra de lujosas propiedades y patrocinios deportivos.

La burocratización e ineficacia del sistema es tal que los usuarios tienen que recurrir con frecuencia a la justicia para que les garantice el acceso a la atención médica, un fenómeno que ha llegado a superar las 60.000 tutelas anuales, según un estudio de la Defensoría del Pueblo, que concluyó que este recurso se convirtió en un requisito previo para obtener autorizaciones médicas.

Según la Corte Constitucional, de los 3,13 millones de acciones de tutela presentadas en el país entre 1999 y 2011, el 31,1 %, es decir 975.551, fueron para acceder a servicios salud, sector al que el Gobierno destina recursos equivalentes a casi el 6 % del Producto Interior Bruto (PIB), que el año próximo ascenderán a 18 billones de pesos (unos 9.522 millones de dólares).

La última advertencia la hizo esta semana el presidente de la Cámara, Hernán Penagos, quien dijo que si el Senado tardó ocho meses en aprobar el proyecto de ley, no se puede pretender que esa casa lo haga en 30 días.

Bogotá, 8 nov (EFE).-