La periodista colombiana Jineth Bedoya, en una fotografía de archivo. EFE/Leonardo Muñoz
Bogotá, 18 oct (EFE).- Casi un cuarto de siglo después de su secuestro, tortura y violación por paramilitares, la periodista colombiana Jineth Bedoya encuentra en la sentencia de este lunes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la justicia que le ha sido negada en su país.
La sentencia de ese tribunal, con sede en San José de Costa Rica, señala que el Estado colombiano «es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión en perjuicio de la periodista Jineth Bedoya Lima» y por los abusos sexuales de que fue víctima.
Las amenazas que Bedoya recibió desde 1998 por su trabajo en el diario El Espectador y un atentado contra ella y su madre en 1999 tuvieron poco eco en la justicia colombiana hasta que sucedió lo peor: el 25 de mayo de 2000 fue secuestrada por paramilitares en las afueras de la cárcel La Modelo de Bogotá cuando hacía una investigación periodística.
La periodista estuvo secuestrada 16 horas durante las cuales «sufrió graves agresiones verbales, físicas y sexuales», y finalmente fue abandonada cerca de la ciudad de Villavicencio (centro).
Bedoya investigaba la violencia y un posible caso de venta de armas y tráfico de secuestrados en la cárcel que involucraba a paramilitares, narcotraficantes, la guerrilla, policías y militares.
La periodista recurrió a la CorteIDH en 2011 bajo el paraguas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y demandó al Estado colombiano por los delitos de los que fue víctima.
Argumentó que el Estado conocía el riesgo que corría debido al ejercicio de su profesión, razón por la que acusó a las instituciones de no tomar acciones para protegerla y de no haber llevado a cabo una investigación diligente para sancionar a los responsables, principalmente los autores intelectuales y agentes estatales.
Bedoya, actualmente subeditora del diario El Tiempo, ha denunciado, como reiteró este año ante la CorteIDH, que agentes de la Policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel La Modelo con jefes paramilitares para contener el riesgo que había generado su cubrimiento periodístico.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en junio de 2000 medidas cautelares a favor de Bedoya e instó al Estado a adoptar medidas para garantizar su vida e integridad, así como juzgar y sancionar los hechos de los que fue víctima.
La CIDH, que confirmó en 2019 que la CorteIDH asumiría el caso de la reportera, concluyó que «existía un riesgo real e inminente para la periodista de sufrir un ataque o agresión, debido a que había sido víctima de constantes amenazas y ataques contra su vida e integridad personal antes de su secuestro».
Según la CIDH, las amenazas y agresiones «fueron puestas en conocimiento de las autoridades estatales en diversas ocasiones», por lo tanto el Estado colombiano «violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial ya que no actuó con la debida diligencia en la investigación».
Durante su testimonio en las audiencias de la CorteIDH en marzo pasado, Bedoya señaló a un general de la Policía como el organizador de la red criminal de venta de armas a un frente de las FARC desde La Modelo y quien también ordenó su secuestro.
La periodista pidió a los jueces una sentencia que contribuya a terminar con la «impunidad» en que se encuentra su caso, que se lleve a cabo una «investigación diligentemente de todas las violaciones» a sus derechos, e «investigar y sancionar a todos los autores intelectuales, incluidos agentes del Estado».
Aunque la periodista y sus abogados habían solicitado como medida de reparación el cierre de la cárcel La Modelo, la Corte IDH no accedió a esa pretensión.
También solicitó a los jueces que ordenen al Estado publicar datos sobre la violencia de género, amenazas contra periodistas y defensoras de derechos humanos como una medida para luchar contra la impunidad.
El director de la Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, reconoció entonces ante la CorteIDH la responsabilidad del Estado al forzar hasta en 12 ocasiones que la periodista repitiese ante la Fiscalía y otras instancias la narración de la fue víctima, y pidió perdón «por estos hechos y por el daño que causaron».
Sin embargo, Bedoya consideró que reconocer solo una pequeña parte de todos los hechos que se cometieron contra ella, y que en parte el Estado fue cómplice, es como los casos de violencia de género en pareja donde un día el hombre golpea a la mujer y al día siguiente le pide perdón.
«Enfrentarse a un juicio es casi una segunda violación», consideró Bedoya sobre las audiencias en las que la Defensa del Estado colombiano presentó una solicitud de recusación contra cinco de los seis jueces, alegando faltas de garantías procesales y de las el Estado decidió retirarse.
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