Foto de cortesía.
Minuto30.com .- Una grave investigación de la Fiscalía General de la Nación, revelada por la revista Semana, ha dejado al descubierto una presunta red de corrupción estructural al interior de la cárcel de Itagüí.
Según el expediente, un guardián del Inpec se habría convertido en el anfitrión y facilitador de ostentosas fiestas para los jefes de las bandas criminales de Medellín, logrando acumular una cuantiosa fortuna desde el inicio de los acercamientos de paz.
El centro penitenciario de Itagüí se ha consolidado como el espacio de reclusión más apetecido por los narcotraficantes en Colombia. Bajo la figura de los diálogos de paz, los máximos jefes de estas peligrosas organizaciones —quienes formaron parte del cuestionado ‘tarimazo’ junto al presidente Gustavo Petro y la senadora Isabel Zuleta— habrían utilizado sus beneficios para convertir el penal en un escenario de excesos.
El guardián implicado ya se encuentra plenamente identificado por la Fiscalía y enfrenta múltiples procesos disciplinarios en el Inpec y la Procuraduría. De acuerdo con las denuncias, este funcionario era el encargado de organizar bacanales, marranadas y parrandas vallenatas.
El expediente de la seccional de Medellín detalla que la indignante parranda vallenata conocida recientemente no fue un hecho aislado. La Fiscalía tiene en la mira al menos cuatro eventos similares:
La primera alerta: Una “marranada” en las instalaciones de la cárcel que fue denunciada por los propios funcionarios del Inpec.
Tarde de hamburguesas y excesos: La concejal y exfiscal Claudia Carrasquilla reveló que en el pabellón de máxima seguridad se llevó a cabo una celebración que contó con el ingreso de prostitutas. Según la denuncia, las mujeres entraron por la puerta principal del penal sin dejar ningún tipo de registro oficial.
El evento que rebosó la copa fue la reciente fiesta que contó con la presentación del cantante Nelson Velásquez. Según las pesquisas de la concejal Carrasquilla, este festejo tuvo un costo que superó los 500 millones de pesos.
Para garantizar que nadie interviniera en la celebración, los internos habrían pagado un soborno de 100 millones de pesos. Esta “repartija” se distribuyó entre los funcionarios del Inpec que omitieron los controles de seguridad, incluyendo al guardián anfitrión.
A pesar de que el Gobierno Nacional y las directivas del Inpec salieron a pedir perdón tras estallar el escándalo mediático, la realidad es que estas denuncias ya reposaban en los despachos oficiales.
Hace más de un año, la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, entregó un informe directamente al presidente Petro advirtiendo de estas irregularidades. En el documento, Buitrago también alertó que la senadora Isabel Cristina Zuleta se había tomado atribuciones que no le correspondían, llegando a dar órdenes para frenar los operativos de inspección de los grupos especiales del Inpec dentro de la cárcel.
Ante la gravedad de las evidencias de que estas fiestas eran un patrón y no una novedad, los entes de control tomaron medidas drásticas:
La Procuraduría General de la Nación reabrió formalmente la investigación por la fiesta en Itagüí, luego de anular la actuación inicial por fallas procesales.
El proceso disciplinario se amplió y ahora vincula a 12 funcionarios del Inpec, incluyendo al director encargado del centro de reclusión.
Como dice Semana “convirtieron su deuda con la justicia en una temporada de descanso con el salvoconducto de la paz total.”
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