La ONU advierte de que la tensión política y militar puede agravar la situación en Corea del Norte

El relator asignado por la ONU para evaluar los derechos humanos en Corea del Norte, Tomas Ojea Quintana, advirtió de la posibilidad de que las crecientes tensiones políticas y militares entre este país y la comunidad internacional agraven aún más la situación de la población.

“La escalada de hostilidades en la Península de Corea desde que Corea del Norte reanudó sus ensayos nucleares y los lanzamientos de misiles en enero de 2016 han puesto en riesgo las escasas oportunidades de cooperación y diálogo en el campo de los derechos humanos”, lamentó Ojea.

El relator presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe anual sobre Corea del Norte, en el que pone como ejemplo del deterioro de la situación interna el cierre, hace más de un año, del complejo industrial de Kaesong, ubicado del lado surcoreano de la frontera y donde trabajaban norcoreanos.

“Ese complejo, que había sido por mucho tiempo el símbolo de la paz y de un entendimiento mutuo entre las dos Coreas ha sido cerrado y dejado a miles de norcoreanos sin trabajo”, explicó Ojea.

También están suspendidas, desde octubre de 2015, las reuniones habituales que se realizaban entre familias separadas en los dos países, sin que haya esperanzas de que se reinicien en el futuro próximo.

La actividad militar norcoreana ha llevado al Consejo de Seguridad de la ONU y a los países vecinos a adoptar nuevas sanciones contra el régimen de Pyongyang.

El objetivo es evitar que tenga acceso a nueva tecnología nuclear y de misiles balísticos, pero Ojea incidió en el coste humano que esas medidas punitivas pueden tener.

“Las medidas para la disuasión de la proliferación nuclear deben proteger a la población civil de las consecuencias adversas de esas sanciones, y pido que se ponga atención a esto”, dijo.

De su informe, Ojea también subrayó la situación en cuatro campos de detención que se sabe que siguen funcionando y donde -sostuvo- las autoridades no han hecho nada por proteger a los prisioneros de ser víctimas de torturas, de trabajos forzados o ejecuciones sumarias.

“Se estima que en los campos de prisioneros políticos hay entre 80.000 y 120.000 detenidos. La falta de acceso y de información sobre estas instalaciones sigue siendo el mayor obstáculo para brindar protección a los confinados”, indicó.

Ojea no ha conseguido a lo largo de su mandato que las autoridades norcoreanas le autoricen la entrada al país, por lo que recolecta la información con la que trabaja de diversas fuentes.

Ello incluye los testimonio de norcoreanos que han conseguido huir del país bajo el riesgo de ser capturados, repatriados y enviados directamente a un campo de trabajos forzados.

El trabajo de Ojea fue complementado por la presentación también en el Consejo de un equipo de juristas sobre la manera de garantizar que las violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte no queden impunes.
Su conclusión es que dentro del país no hay opciones para hacer justicia, por lo que la única alternativa es juzgar los crímenes en el exterior.

“El trabajo preliminar para futuros procesos penales debe hacerse ahora y se debe considerar la posibilidad de un tribunal ad hoc internacional, que sirva como freno de futuros crímenes y una señal de que las víctimas serán escuchadas”, indicaron.

Al término de estas presentaciones, cuando el país aludido tiene derecho a la réplica y a expresar su posición, ningún diplomático norcoreano se encontraba en la sala para tomar la palabra.

Redacción: EFE