La moral pública: el deber que no está escrito, pero que más obliga

Voy a hablar específicamente de Itagüí.

Hay municipios donde la discusión pública gira alrededor de grandes proyectos, de obras que transforman la calidad de vida de sus habitantes o de políticas públicas que generan desarrollo. En Itagüí, lamentablemente, una parte importante del debate ha terminado concentrándose en algo mucho más básico: la moral de quienes ejercen funciones públicas.

Y resulta preocupante tener que recordar algo que debería ser elemental: no todo lo que aparentemente puede hacerse desde el poder es moralmente correcto.

En Itagüí se han venido normalizando prácticas que no corresponden al deber ser de un servidor público. Lo grave es que, cuando la ilegalidad y la inmoralidad se vuelven paisaje, muchos terminan creyendo que esas conductas son normales.

Hemos visto funcionarios que continúan percibiendo recursos públicos mientras realizan viajes al exterior; situaciones que, además de generar cuestionamientos jurídicos, producen una profunda indignación ciudadana porque los recursos públicos exigen responsabilidad, presencia y dedicación exclusiva al servicio de la comunidad.

También hemos observado actuaciones de algunas concejales encaminadas a promover homenajes o reconocimientos que terminan favoreciendo directamente a familiares. Más allá de la discusión jurídica que hoy se adelanta en diferentes procesos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, este tipo de decisiones plantea una pregunta ética ineludible: ¿es correcto utilizar una investidura pública para exaltar intereses familiares?

El buen nombre constituye uno de los atributos esenciales de la personalidad y merece la mayor protección jurídica. Precisamente por eso, las decisiones de los servidores públicos deben estar inspiradas por la imparcialidad y el interés general, nunca por intereses particulares.

Sigue al canal de WhatsApp de Opinión

Pero la inmoralidad pública no solamente se refleja en actuaciones individuales. También se manifiesta cuando las prioridades de un gobierno parecen estar desconectadas de las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

Mientras muchos habitantes esperan inversiones significativas en infraestructura, movilidad, seguridad, educación o programas sociales, resulta legítimo preguntarse si corresponde destinar cuantiosos recursos públicos a la realización de FIESTAS, que para este año el contrato asciende los 16 mil millones de pesos. La discusión no consiste en estar en contra de la cultura o de las celebraciones populares. Todo lo contrario: las fiestas hacen parte de la identidad de un pueblo.

Lo verdaderamente importante es preguntarnos si el orden de las prioridades responde al interés general y si cada peso de los contribuyentes está siendo administrado con criterios de eficiencia, necesidad y absoluta transparencia.

La moral pública exige mucho más que cumplir la ley. Exige actuar con prudencia, con decoro y con un profundo sentido de responsabilidad frente al dinero que pertenece a todos los ciudadanos.

Porque el servidor público no administra recursos propios; administra recursos ajenos. No ejerce un privilegio; ejerce una función. No representa intereses particulares; representa a toda una comunidad.

Itagüí necesita recuperar algo más importante que cualquier obra física: necesita recuperar la confianza ciudadana.

Pero la preocupación por la moral pública no termina allí.

En los últimos días se ha abierto un debate alrededor de la eventual posesión de las concejales Gloria Herrera y Luisa Zapata. He tenido la oportunidad de estudiar con detenimiento la Sentencia SU-082 de 2026, una providencia de 194 páginas que, plantea importantes reflexiones sobre la responsabilidad objetiva y la protección de los derechos políticos.

La leí procurando hacerlo con ojos de jurista y no con la pasión propia de la política. Desde esa perspectiva, considero que el Consejo Municipal debe actuar con absoluta prudencia institucional y esperar a que exista plena claridad sobre el cumplimiento de las decisiones judiciales y las actuaciones que correspondan al Tribunal Administrativo de Antioquia como tribunal de origen.

En mi criterio, la posesión de las concejales no puede convertirse en una decisión basada en interpretaciones apresuradas ni en presiones políticas. El respeto por el debido proceso y por la competencia de cada autoridad judicial constituye una garantía para todos los ciudadanos.

Más allá de que las concejales ingresen o no al recinto, lo cierto es que ello no modifica sustancialmente la correlación política del Concejo, pues tanto ellas como la actual mayoría pertenecen al mismo bloque de gobierno. Precisamente por eso, el debate debería dejar de ser político y concentrarse exclusivamente en el cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico.

También resulta particularmente interesante el desarrollo que hace la Corte Constitucional sobre las teorías de la responsabilidad y sus implicaciones. Es una sentencia que, sin duda, obligará a la comunidad jurídica a replantear varios enfoques tradicionales y merece ser estudiada con profundidad por quienes ejercemos el derecho.

Ahora bien, si llegara a producirse una posesión sin que existiera el soporte jurídico correspondiente, serían las autoridades competentes las llamadas a establecer las eventuales responsabilidades administrativas, disciplinarias, fiscales o penales que pudieran derivarse de esa actuación. Precisamente por ello, la prudencia institucional no es una opción: es un deber.

Itagüí necesita funcionarios que comprendan que el ejercicio del poder exige actuar con rigor jurídico, respeto por las decisiones judiciales y absoluto compromiso con la legalidad.

Los próximos meses serán determinantes para el municipio. Persisten preocupaciones ciudadanas relacionadas con la seguridad, la inversión social y la priorización del gasto público. A ello se suma un panorama político que empieza a reconfigurarse de cara a las próximas elecciones.

Hoy aparecen varios nombres en la discusión pública como posibles aspirantes a la Alcaldía. Algunos representan la continuidad del proyecto político que ha gobernado el municipio; otros intentan consolidar alternativas. Sin embargo, más allá de los rumores y de las estrategias electorales, el verdadero debate debería ser otro: ¿qué clase de liderazgo necesita Itagüí para recuperar la confianza de sus ciudadanos?

La respuesta no está únicamente en las urnas. Está en la ética. Porque ningún municipio puede construir un futuro sólido cuando la moral pública deja de ser el principio que orienta las decisiones de quienes administran el poder.

Y esa confianza comienza cuando quienes ejercen el poder entienden que la legalidad es apenas el piso mínimo. La verdadera grandeza del servicio público empieza donde comienza la ética.