La JEP investigará crímenes en 8 municipios del suroeste colombiano

La Justicia Especial para la Paz (JEP) anunció hoy la apertura de su quinto caso, en el que investigará los crímenes del conflicto armado en ocho municipios del convulso departamento del Cauca (suroeste).

Así lo aseguró la JEP en un comunicado en el que informó que avoca el caso “por los hechos cometidos presuntamente por los miembros de las FARC-EP y la fuerza pública entre el 1 de enero de 1993 y con anterioridad al 1 de diciembre de diciembre de 2016”.

Los municipios que serán priorizados en la investigación son Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono.

La JEP es el organismo de justicia creado por el acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano para investigar y juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, cuyo principal objetivo es obtener la verdad y evitar su repetición.

Para avocar este nuevo frente de investigación la JEP comenzará a reunir la información sobre los hechos ocurridos en estas poblaciones y llamará a los involucrados a que rindan versiones libres y voluntarias.

“La sala decidió priorizar esta situación debido a que el departamento del Cauca es especialmente representativo frente al conflicto armado, ya que en este han confluido todos los actores armados que han cometido violaciones representativas a los Derechos Humanos y que afectaron a grupos sociales, especialmente vulnerables (pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas)”, explicó la JEP.

Según el Registro Único de Víctimas, hasta el 31 de diciembre de 2014 en ese departamento se registraron más de 100.000 personas víctimas de desplazamiento forzado.

Igualmente, entre 2000 y 2013 en la zona conformada por el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca se presentaron 7.582 muertes por el conflicto armado.
Este caso se suma al relacionado con los secuestros perpetrados por las FARC entre 1993 y 2002 y que llevó a la cúpula de ese grupo a comparecer por primera vez ante el tribunal de paz.

El segundo se relaciona con la violencia contra pueblos étnicos en Colombia y el tercero con los “falsos positivos”, como se conoce en el país el asesinato de civiles a manos de militares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.

El cuarto caso se abrió para investigar los crímenes del conflicto armado ocurridos en la región del Urabá, de la que hacen parte los departamentos de Antioquia y Chocó (noroeste).

EFE