La herencia rota: por qué el cambio es ahora

El próximo presidente de Colombia no recibirá un país; recibirá un campo de escombros. Quien gobierne desde agosto heredará unas finanzas en cuidados intensivos, una seguridad desbordada, una institucionalidad golpeada y una confianza internacional en mínimos. Restaurarlo no será fácil, pero empezar es urgente: por eso esta elección importa como pocas.

Empecemos por las cuentas, donde no hay margen para la interpretación. En diciembre de 2025, Fitch Ratings rebajó la nota soberana de Colombia de BB+ a BB —más adentro del grado especulativo— por déficits fiscales persistentes y deuda creciente (El Colombiano, 2025). El déficit cerró 2024 en 6,7 % del PIB, el más alto sin contar la pandemia; la economía creció apenas 2,6 % en 2025 y la inversión privada sigue cayendo. La propia Fitch advirtió que la consolidación fiscal será difícil después de 2026 “independientemente del resultado electoral”: el próximo gobierno arranca con las manos atadas.

Sigamos por la corrupción, que dejó de ser sospecha para volverse expediente judicial. El caso de la UNGRD —la entidad que debía llevar agua a La Guajira y terminó, según la Fiscalía, desviando recursos para comprar apoyos en el Congreso— es el mayor escándalo del gobierno (El Heraldo, 2025). Por él, dos exministros fueron enviados a prisión preventiva por orden judicial: Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior. La Corte Suprema ordenó la captura de dos expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle; la Procuraduría destituyó al exdirector Olmedo López y al exsubdirector Sneyder Pinilla; y la Contraloría fijó una responsabilidad fiscal cercana a 10.722 millones de pesos por los carrotanques.

Y no fue un caso aislado. El Consejo Nacional Electoral determinó que la campaña presidencial de 2022 superó los topes legales por más de 5.100 millones de pesos (Infobae, 2025). Ricardo Roa, gerente de esa campaña y hoy presidente de Ecopetrol, enfrenta sanción del CNE e investigación de la Procuraduría por presunto conflicto de intereses. A ello se suman los procesos en curso contra Nicolás Petro por presunto lavado de activos y una rotación de gabinete sin precedentes: 62 ministros desde 2022. Por rigor: muchas de estas actuaciones son investigaciones o sanciones disciplinarias, no condenas penales en firme; pero su acumulación dibuja un patrón difícil de ignorar.

El capítulo de seguridad es aún más doloroso. La “Paz Total” prometió silenciar los fusiles y terminó fortaleciendo a quienes los disparan. Según inteligencia de la fuerza pública, a mediados de 2025 había unos 25.000 integrantes de grupos armados —Clan del Golfo, ELN y disidencias de las FARC—, un 45 % más que en 2022 (Razón Pública, 2026). Human Rights Watch calificó lo vivido en 2025 como la crisis humanitaria más grave de la década. La paradoja es cruel: los que más invocan la palabra paz presidieron uno de los periodos más violentos del campo colombiano.

Y está el narcotráfico, que alimentó ese fuego. La ONU documentó que en 2024 Colombia alcanzó un récord histórico: 261.000 hectáreas de coca y unas 3.000 toneladas de cocaína, más del doble que en 2021 (Infobae, 2026). Esos cultivos son la gasolina financiera de los mismos grupos con los que se intentó negociar. No hace falta atribuir intenciones para constatar el resultado: bajo esta administración, la economía criminal que sostiene la violencia rural creció a niveles sin precedentes.

A esto se suma el desgaste institucional: más de veinte normas del Ejecutivo fueron tumbadas o suspendidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Entre ellas, los catorce decretos de la emergencia en La Guajira, el Ministerio de Igualdad por vicios de trámite, la reforma pensional suspendida por aprobarse “a pupitrazo” y la emergencia económica de diciembre de 2025, anulada por la Corte (Sentencia C-075 de 2026) por “apropiarse de competencias de otras ramas del poder público”. Un patrón de gobernar por decreto que dejó una huella de inestabilidad jurídica que habrá que sanar.

Frente a este panorama, Abelardo de la Espriella estructuró una propuesta que llama “Patria Milagro”, en trece puntos (Semana, 2026). En seguridad, su eje, plantea confrontación directa contra las estructuras criminales sin negociaciones, erradicación de 330.000 hectáreas de coca con todas las herramientas legales, recuperación del control territorial y diez cárceles de alta capacidad. En lo fiscal, propone reducir el tamaño del Estado hasta un 40 %, con ahorros de 25 a 30 billones anuales, alívio tributario y meritocracia. Lleva como fórmula vicepresidencial al exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, una señal de seriedad técnica, y suma propuestas en salud, educación, vivienda y campo.

La dirección de esa propuesta es la correcta: orden donde hay caos, austeridad donde hubo despilfarro, autoridad donde se cedió territorio. Pero seamos honestos: no será fácil. Quien asuma recibirá un país con las cuentas rotas, la seguridad desbordada y la cocaína en récord. No habrá milagros instantáneos, y prometerlos sería mentir. Pero la reconstrucción empieza por una decisión, y esa decisión es ahora. Colombia no puede permitirse cuatro años más del experimento que la dejó quebrada. La pregunta de este 21 de junio es sencilla: ¿seguimos administrando la destrucción o empezamos a reconstruir?