Foto: tomada de Congreso Visible de la Universidad de los Andes.
El 3 de diciembre de 2024, durante la audiencia ante la juez tercera de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación presentó pruebas fundamentales en contra de Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, implicada en un grave caso de corrupción que afecta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La fiscal María Cristina Patiño expuso ante el tribunal la existencia de un conjunto de pruebas que evidencian la participación activa de Ortiz en un entramado de tráfico de influencias y sobornos.
La evidencia más impactante presentada por la Fiscalía es una grabación de cámara de seguridad que muestra una reunión en el Palacio de Nariño el 21 de septiembre de 2023, entre la exconsejera y Olmedo López. Según la Fiscalía, durante este encuentro se habría acordado el pago de millonarios sobornos al entonces presidente del Senado, Iván Name.
Además de la grabación, la Fiscalía reveló varios chats en los que Sandra Ortiz le solicita a Olmedo López su intervención para direccionar un contrato por $11 mil millones en el departamento del Atlántico, en beneficio de Iván Name. Estas pruebas refuerzan la acusación de que Ortiz utilizó su poder e influencia para favorecer a personas clave en la política a cambio de beneficios económicos.
En su intervención, la fiscal Patiño también mencionó a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), quien según la investigación, se habría aliado con Sandra Ortiz y Olmedo López para traficar influencias. Los tres habrían operado juntos para desviar recursos destinados a la atención de las poblaciones vulnerables, comprometiendo la integridad de los fondos públicos.
Ante las pruebas presentadas, la Fiscalía solicitó la medida de prisión preventiva para Sandra Ortiz, argumentando que su comportamiento resulta ser aún más peligroso que el de los delincuentes violentos. La exconsejera, actualmente en prisión domiciliaria, podría enfrentar graves consecuencias judiciales si se confirma su vinculación con el caso de corrupción.
Con este proceso, la Fiscalía continúa su lucha por esclarecer los hechos de corrupción en la UNGRD, una institución clave en la atención de emergencias y desastres naturales en Colombia.
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