Ciudad de Guatemala, 30 ene (EFE).- La Fiscalía de Guatemala ha sido utilizada como un instrumento para permitir la corrupción en el país centroamericano e incluso intentar revertir los resultados electorales de 2023, según un informe divulgado este martes por Transparencia Internacional (TI).
Según el documento de la entidad no gubernamental, el Ministerio Público (Fiscalía) ha funcionado "para perseguir a los actores que combaten la corrupción y ha dejado al Estado sin capacidad institucional para contrarrestar" el flagelo.
También destaca que durante 2023 el "Ministerio Público y el Poder Judicial" fueron empleados por actores corruptos como "instrumento para intentar anular los resultados electorales" de los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto de dicho año.
La elección fue ganada por el académico de 65 años Bernardo Arévalo de León, pero la Fiscalía intentó de diversas maneras judiciales evitar su investidura, aunque sin éxito al final.
En su índice y calificación anual, el informe Transparencia Internacional cataloga a Guatemala como el quinto país del continente americano con la más alta percepción de corrupción, solo por detrás de Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela.
En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado este martes por TI, con una escala desde cero (muy corrupto) hasta 100 (muy baja corrupción), Guatemala cuenta con 23 puntos, su peor calificación en la última década.
La caída en la puntuación de país centroamericano se debe a "tres gobiernos consecutivos aliados y con prácticas corruptas", en referencia a los Gobiernos de Otto Pérez Molina (2012-2015), Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024).
"El principal desafío del Gobierno del nuevo presidente Bernardo Arévalo será desarticular las redes de corrupción que han cooptado el Estado guatemalteco", concluye el informe de Transparencia Internacional.
Durante los últimos cinco años, Guatemala ha sufrido significativos retrocesos en materia de combate a la corrupción con el cierre de casos de gran impacto que implican a empresarios y funcionarios de alto nivel, así como el encarcelamiento de actores críticos como el periodista José Rubén Zamora Marroquín, en prisión desde el 29 de julio de 2022.
Por: EFE
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