La cultura del atajo y el desafío del nuevo gobierno

Aunque no es lo deseable y correcto hay que reconocer que en todos los gobiernos se presentan hechos de corrupción. Algunos alcanzan mayores dimensiones que otros y no todos son investigados, conocidos o divulgados con la misma intensidad.

El avance de las comunicaciones, el periodismo digital, las redes sociales y los sistemas de información permiten hoy descubrir conductas que en otras épocas habrían permanecido ocultas. Por eso, una mayor cantidad de denuncias no necesariamente significa que antes hubo menos corrupción: también puede significar que existían menos instrumentos para documentarla y hacerla pública.

Sin embargo, reducir el problema a los funcionarios que se apropian de los recursos del Estado sería desconocer una realidad mucho más profunda.

Colombia enfrenta una cultura del atajo que se ha extendido durante décadas y que convirtió el enriquecimiento rápido, la ostentación y el acceso al poder en medidas equivocadas del éxito.

El narcotráfico tuvo una responsabilidad decisiva en esa transformación. No solamente inundó el país de violencia y dinero ilegal, sino que impuso un modelo social: hacerse rico y poderoso en el menor tiempo posible, sin importar los medios empleados. La fortuna dejó de ser admirada por el trabajo que la producía y comenzó a ser admirada simplemente por su tamaño. Para muchos, la pregunta dejó de ser cómo se obtuvo el dinero y pasó a ser cuánto dinero se tenía.

Esa cultura encontró terreno fértil en el clientelismo, la desigualdad, la impunidad y la falta de oportunidades. Cuando el ciudadano observa que quien cumple las reglas avanza lentamente, mientras quien tiene contactos, paga sobornos o se asocia con el poder obtiene contratos y posiciones, termina recibiendo un mensaje devastador: la honestidad es una desventaja y la ley solamente obliga a quienes carecen de influencia.

Por eso la corrupción no se derrota exclusivamente con discursos morales, nuevos organismos o aumentos de penas. Se requiere de un esquema estructural para combatirla, independencia y efectividad de la justicia para eliminar la impunidad, educación integral promoviendo valores como la ética y la integridad desde temprana edad, transformando los incentivos, haciendo efectivas las sanciones y cambiando aquello que la sociedad reconoce como éxito.

Ese es uno de los grandes desafíos que espera al gobierno entrante.

El nuevo gobierno llega con la promesa de recuperar el orden, la autoridad y la confianza institucional. Pero su legitimidad no dependerá solamente de combatir la corrupción atribuida al gobierno que termina. La verdadera prueba consistirá en aplicar el mismo criterio dentro de su propia administración, incluso cuando las irregularidades involucren a aliados políticos, financiadores, funcionarios cercanos o integrantes de su coalición.

Resultaría fácil convertir la lucha contra la corrupción en un instrumento de persecución contra los adversarios. Lo difícil será convertirla en una política de Estado que no distinga entre amigos y enemigos. El país no necesita una justicia para los vencidos y tolerancia para los vencedores. Necesita controles que funcionen con independencia del partido, la ideología o la cercanía con el presidente.

La primera obligación del gobierno entrante será, por tanto, predicar con el ejemplo. Los nombramientos deben responder al mérito y no al pago de apoyos electorales. Los contratos deberán poder ser consultados y auditados desde su planeación hasta su liquidación. La ciudadanía deberá conocer quiénes son los verdaderos beneficiarios de las empresas contratistas, quienes visitan a los altos funcionarios y qué intereses intervienen en las decisiones públicas.

También será necesario fortalecer la protección de denunciantes, periodistas, servidores honestos y ciudadanos que descubran irregularidades. Mientras denunciar signifique perder el empleo, enfrentar represalias o quedar abandonado por las instituciones, buena parte de la corrupción continuará protegida por el silencio.

La segunda obligación será garantizar que el delito no produzca beneficios. Una condena tardía, si se da, después de años de procesos, tiene un efecto limitado si el responsable conserva el patrimonio obtenido ilegalmente. La sanción debe incluir la recuperación rápida de los recursos, la extinción del dominio, la inhabilidad para contratar con el Estado y la responsabilidad de quienes facilitaron o encubrieron la operación.

Pero el desafío no termina en los tribunales. El gobierno entrante tendrá que librar una batalla cultural.

Eso implica dejar de exaltar al individuo que exhibe una riqueza cuyo origen nadie conoce. Implica rechazar la idea de que el poder económico justifica cualquier conducta y recordar que el éxito sin legalidad puede ser simplemente delincuencia bien presentada. También exige que los gobernantes sean austeros, transparentes y conscientes de que cada privilegio injustificado fortalece el desprecio ciudadano por las instituciones.

La educación tendrá un papel central. No basta con enseñar que robar es incorrecto. Es necesario mostrar cómo la corrupción destruye hospitales, retrasa carreteras, deteriora colegios y elimina oportunidades. Los jóvenes deben aprender cómo funciona el Estado, cómo se vigila un presupuesto, cómo se presenta una denuncia y por qué los bienes públicos pertenecen a todos.

El nuevo gobierno deberá demostrar, además, que actuar correctamente sí produce resultados. No es razonable exigir una cultura del mérito en una sociedad donde el empleo público se reparte por recomendaciones, los trámites dependen de intermediarios y las oportunidades están reservadas para quienes tienen contactos. La honestidad solamente puede convertirse en una alternativa social cuando viene acompañada de educación, empleo, emprendimiento y posibilidades reales de ascenso.

El gobierno entrante encontrará un país polarizado, desconfiado y cansado de promesas. Su mayor oportunidad será demostrar que la autoridad no consiste en gritar más fuerte, sino en someterse también a las reglas; que la transparencia no es una consigna contra el adversario, sino una obligación propia; y que los recursos públicos no son el botín de quienes ganaron las elecciones.

La cultura del atajo tardó décadas en consolidarse y no desaparecerá durante un solo período presidencial. Pero puede comenzar a retroceder cuando el corrupto pierda el dinero, el cargo y el prestigio; cuando el ciudadano honesto encuentre oportunidades; y cuando desde el poder se entienda que gobernar no es enriquecerse ni favorecer a los cercanos, sino administrar temporalmente lo que pertenece a toda la sociedad buscando el bien común.

Ese es el camino que espera al nuevo gobierno. No será suficiente prometer mano firme. Tendrá que demostrar que esa firmeza empieza por su propia casa.

Séneca, destacado filósofo y político expresó “Los hombres creen más a sus ojos que a sus oídos; el camino de los preceptos es largo, el del ejemplo es corto y eficaz”.