La Constituyente que propone Cepeda

La propuesta de Iván Cepeda de convocar una Asamblea Nacional Constituyente luego de un llamado Acuerdo Nacional, ha regresado al debate público con el diseño de plumas como la del senador Ariel Ávila. La presentan como una iniciativa amable, democrática y necesaria -según ellos- para actualizar las instituciones del país. Sin embargo, detrás de esa narrativa aparentemente moderada existe una discusión de enorme profundidad: la posibilidad de modificar las reglas fundamentales sobre las cuales se sostiene la democracia colombiana.

La primera pregunta que deberíamos hacernos es muy simple: ¿realmente Colombia necesita una nueva Constitución?

La Constitución Política de 1991 tiene apenas 35 años de vigencia. En términos históricos, se trata de una carta política relativamente joven. Más aún, muchas de sus disposiciones ni siquiera han sido desarrolladas o implementadas plenamente. Resulta difícil justificar la necesidad de redactar una nueva Constitución cuando todavía existen múltiples aspectos de la actual que el Estado colombiano no ha logrado materializar de manera completa.

En Colombia hemos convertido la Constitución en un deporte nacional. Cada cierto tiempo aparece una nueva propuesta para reformarla, reinterpretarla o sustituirla por completo. Como si los problemas de inseguridad, pobreza, corrupción, educación o crecimiento económico fueran consecuencia de un defecto en el texto constitucional y no de la falta de ejecución, liderazgo y capacidad de gestión de quienes gobiernan. La Constitución de 1991 aún tiene capítulos enteros pendientes de desarrollo, pero ya hay quienes quieren cambiarla por una nueva, diseñada desde las prioridades ideológicas del presente.

El problema de Colombia no es la ausencia de normas. El problema es el incumplimiento de muchas de ellas.

La Constitución de 1991 nació de uno de los acuerdos políticos más amplios y diversos de nuestra historia reciente. En ella participaron sectores liberales, conservadores, movimientos sociales, representantes de minorías políticas, comunidades étnicas y actores provenientes de procesos de desmovilización. Fue un esfuerzo nacional encaminado a construir un Estado más moderno, pluralista, abierto y respetuoso de las libertades individuales.

Precisamente por eso resulta paradójico que quienes afirman defender el espíritu democrático de 1991 promuevan ahora la apertura de un proceso constituyente impulsado desde una visión política e ideológica particular.

Porque esa es la verdadera discusión.

No estamos hablando de una reforma administrativa ni de ajustes técnicos. Estamos hablando de la posibilidad de redefinir las reglas fundamentales de la República.

Colombia, con todas sus dificultades, ha logrado mantenerse como una de las democracias más estables de América Latina. Mientras varios países de la región han atravesado ciclos recurrentes de crisis institucionales, rupturas constitucionales o concentraciones excesivas de poder, Colombia ha conservado una arquitectura institucional capaz de resistir gobiernos de diferentes tendencias políticas.

Una de las razones principales de esa estabilidad ha sido el funcionamiento de los pesos y contrapesos.

El Ejecutivo no puede hacer lo que quiera. El Congreso limita al Gobierno. Las altas cortes controlan los excesos del poder. Los organismos de control vigilan la actuación de los funcionarios públicos. Ninguna autoridad concentra la totalidad del poder político.

Ese equilibrio constituye uno de los principales activos de la democracia colombiana.

Por eso generan preocupación algunas posiciones que han sido expresadas por Iván Cepeda en distintos escenarios públicos durante los últimos meses. Mientras promueve la idea de una constituyente, también ha planteado la necesidad de replantear instituciones fundamentales como el Consejo de Estado. Más allá del debate jurídico específico, el mensaje político resulta inquietante cuando se propone debilitar o eliminar organismos que históricamente han servido para controlar al Ejecutivo y proteger el equilibrio institucional.

La experiencia latinoamericana debería invitarnos a actuar con prudencia.

Las asambleas constituyentes suelen ser presentadas como ejercicios de participación y renovación democrática. Sin embargo, en numerosos casos han terminado convirtiéndose en mecanismos para alterar los equilibrios de poder, debilitar los controles institucionales y adaptar las reglas de juego a las necesidades políticas del sector gobernante de turno.

Por eso sería una enorme irresponsabilidad abrir hoy un proceso constituyente en Colombia.

No existe una crisis institucional que justifique semejante salto al vacío. No existe un colapso del sistema democrático. No existe una demanda nacional masiva por reemplazar la Constitución de 1991.

Lo que sí existe es la intención de algunos sectores políticos de impulsar una nueva discusión constitucional cuando todavía no han logrado ejecutar satisfactoriamente buena parte de las transformaciones que prometieron dentro del marco institucional vigente.

La baja ejecución de múltiples iniciativas gubernamentales durante el período 2022-2026 debería conducir a una reflexión distinta. Los resultados electorales recientes también merecen ser leídos con atención. Quizás el mensaje de los ciudadanos no fue una exigencia de cambios constitucionales más profundos, sino un llamado de atención frente a una gestión que dedicó demasiada energía a las grandes narrativas ideológicas y muy poca a resolver los problemas concretos de los colombianos.

Los ciudadanos no están pidiendo una nueva Constitución.

Están pidiendo más seguridad en las calles. Mejor atención en salud. Más empleo. Menos corrupción. Infraestructura que funcione. Servicios públicos eficientes. Oportunidades para progresar.

La política nacional parece cada vez más concentrada en las grandes batallas simbólicas, mientras millones de colombianos siguen esperando soluciones en el metro cuadrado de sus vidas.

La Constitución de 1991 no es perfecta. Ninguna Constitución lo es.

Pero ha sido el marco institucional que permitió ampliar derechos, fortalecer la descentralización, reconocer la diversidad del país, consolidar libertades fundamentales y preservar una democracia que, pese a todas las tensiones, continúa funcionando.

Antes de pensar en reemplazarla, Colombia debería concentrarse en algo mucho más sensato: cumplirla.

Porque los problemas del país no se solucionan cambiando la Constitución cada vez que cambia el gobierno. Se solucionan fortaleciendo las instituciones, respetando la separación de poderes y entendiendo que la estabilidad democrática es un patrimonio demasiado valioso como para ponerlo en riesgo por una aventura constituyente presentada como amable, pero cuyas consecuencias podrían ser profundamente impredecibles.