Fotografía sin fecha cedida hoy, martes 22 de agosto de 2017, que muestra al periodista mexicano Cándido Ríos Vázquez. EFE/Archivo
Fotografía sin fecha cedida hoy, martes 22 de agosto de 2017, que muestra al periodista mexicano Cándido Ríos Vázquez. EFE/Archivo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy el asesinato el pasado 22 de agosto en el estado de Veracruz (México) del periodista Cándido Ríos Vázquez, que figuraba en un programa de protección del Gobierno.
A Ríos Vázquez, corresponsal del Diario de Acayucan y fundador del medio La Voz de Hueyapan, lo atacaron al menos tres hombres armados que le asesinaron a él y a dos personas que le acompañaban.
El periodista estaba incorporado a los esquemas de seguridad del Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación desde 2013.
También recibía asistencia de la Comisión Estatal de Protección de Periodistas de Veracruz desde el año 2012, cuando interpuso una denuncia por amenazas de muerte contra el exalcalde de Hueyapan de Ocampo, Gaspar Gómez Jiménez.
El año pasado, Ríos Vázquez había puesto en conocimiento de las autoridades diversas agresiones y amenazas perpetradas por Gómez Jiménez en su contra desde 2001. Además, días antes de su muerte Gómez Jiménez publicó un vídeo en redes sociales amenazando al periodista, de acuerdo con la CIDH.
En su comunicado, la Comisión instó a México “a actuar de manera pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables del crimen, tanto materiales como intelectuales, y esclarecer su posible relación con la actividad periodística”.
“Es fundamental -añadió la CIDH- agotar la línea de investigación relativa al ejercicio de la profesión en casos de delitos cometidos contra periodistas”.
“Cuando tales delitos quedan impunes, esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras”, aseguró.
Un efecto “amedrentador” que, según la Comisión, solo se puede evitar “mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno”.
En lo que va de 2017, otros nueve periodistas han sido asesinados en México, la mayoría dedicados a coberturas de corrupción política y crimen organizado.
EFE
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