Desde la administración del alcalde Juan Martín Caicedo Ferrer no se advertía tanto nerviosismo en el Concejo de Bogotá, como ahora, cuando el escándalo del “carrusel de la contratación” toca a las puertas de varios concejales de la capital. Por aquellas calendas el fiscal Gustavo de Greiff Restrepo ordenó la detención del burgomaestre y de más de diez cabildantes bogotanos.
Ahora la historia vuelve a repetirse. El Concejo modelo 2011 está en la mira de los investigadores, mientras el alcalde Samuel Moreno Rojas ha sido llamado a darle explicaciones a la Procuraduría por supuestos actos de corrupción, y el detenido senador Iván Moreno Rojas, hermano del alcalde, comparece al mismo tiempo ante la Corte Suprema y el Ministerio Público.
Al anterior panorama se suma la entrega voluntaria, en el muelle internacional de El Dorado, ante unidades del DAS, del ex parlamentario Germán Olano, a su regreso de Miami, donde permanecía desde el 4 de marzo. Contra Olano e Iván Moreno dictó órdenes de captura la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el marco de las indagaciones por el “carrusel” de marras.
Todo comienza a tomar cuerpo en momentos en que las “asustadurías” (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía) estudian detalladamente los desayunos a los que asistían los concejales y se invitaba no solo a primos Nule sino a todos los contratistas de turno, información de la que ya tienen conocimiento las autoridades competentes.
El Concejo de Bogotá podría ver disminuido de un momento a otro, por mandato judicial, su quórum reglamentario. A medida que comiencen a surtir efecto las determinaciones de la justicia, se llegaría a pensar en la habilitación, en La Picota, de una sede alterna, al lado del patio del “congresito” o de la casa fiscal de los Nule, para dar albergue carcelario a los concejales capitalinos.
De todas estas pesquisas hace eco Dinero, la revista que en sus números más recientes se ha ocupado de asuntos tan espinosos como el manejo de la contratación en la gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Cali, la administración distrital de Cartagena y el Instituto de Desarrollo de Antioquia (IDEA).
A propósito de Álvaro Vásquez (el heredero político del saliente gobernador Ramos Botero), Fernando Londoño le preguntó al mandatario paisa por las denuncias de El Colombiano sobre la compra de una acciones del Fondo Ganadero. Ramos respondió tajantemente que eso le incumbía directamente al IDEA y que él no tenía nada qué ver con ese asunto.
El Valle del Cauca podría ver desaparecer su Asamblea departamental, en vista de que la Fiscalía ya llamó a indagación a toda la diputación, de la que fueron ya notificados doce de los asambleístas, por la aprobación de dos ordenanzas que comprometen la idoneidad moral no solo del ex gobernador Juan Carlos Abadía sino de los diputados vallecaucanos.
2021-05-05
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