El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue sancionado por un juez de Conocimiento de Bogotá con tres días de arresto y una multa de tres salarios mínimos mensuales, tras incurrir en desacato. La sanción se impuso debido a su incumplimiento de una orden de tutela relacionada con el uso del plaguicida clorpirifós en la agricultura y ganadería.
La decisión judicial se basa en una sentencia de la Corte Constitucional (T-343 de 2022), que ordenaba la suspensión de la venta de productos agropecuarios que contenían este pesticida, debido a los riesgos que presenta para la salud. La Corte había dispuesto que el Ministerio de Salud, bajo la dirección de Jaramillo, debía coordinar con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para implementar una transición en la venta de estos productos y reducir los impactos negativos de la sustancia en la salud pública.
Sin embargo, el juez determinó que, aunque el Ministerio de Salud mostró disposición para coordinar con el ICA, no se evidenció un acompañamiento efectivo ni un cumplimiento adecuado de las órdenes judiciales. A raíz de este incumplimiento, se determinó que el ministro no gestionó de manera apropiada la implementación de las medidas requeridas, lo que llevó a la sanción.
El juez, además de imponer la sanción de arresto, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se indague si la conducta de Jaramillo podría constituir un delito. Esto abre la posibilidad de una investigación más profunda sobre la responsabilidad del ministro en este caso de desacato judicial.
La medida ha generado controversia en el ámbito político, especialmente en un momento en que el sector agropecuario y las autoridades de salud están bajo la lupa por la gestión de productos químicos y la protección de la salud pública en Colombia.
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