Foto: Archivo / Ilustrativa.
Este miércoles se confirmó que la JEP cerró el incidente de medidas correccionales contra el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, después de abrirlo al considerar que no facilitó una información que le fue solicitada.
El pasado 20 de agosto, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, planteó que EPM había incumplido con diferentes órdenes judiciales que buscan proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada.
Esta situación hacía referencia a los lugares protegidos de la zona de influencia del proyecto Hidroituango, donde, según los peticionarios de las medidas cautelares, se advierte la existencia de “sitios de enterramiento, legales e ilegales”.
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En ese contexto, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP solicitó a EPM entregar los documentos y demás soportes en los que se basó para realizar el traslado administrativo de cuerpos inhumados en los cementerios de Barbacoas, La Fortuna y Orobajo.
Tras dar el aviso a EPM sobre el incidente en agosto, la empresa respondió sustentando que los cuerpos sepultados en esos tres cementerios no tenían ninguna relación con víctimas del conflicto armado.
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La organización habría causado pérdidas superiores a $1.200 millones y afectado especialmente a adultos mayores.