JEP confirma persistencia de ataques contra excombatientes en reincorporación

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó nuevas medidas urgentes para proteger a los firmantes del acuerdo final de paz, ante la persistencia de amenazas y homicidios que siguen afectando a excombatientes en proceso de reincorporación. La decisión fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad tras una audiencia celebrada el pasado 10 de abril en Bogotá, en la que participaron diversas instituciones responsables de garantizar la seguridad de esta población.

Durante la sesión, se confirmó que las agresiones contra los exguerrilleros de las extintas Farc-EP no han cesado, y que el riesgo que enfrentan sigue siendo alto, principalmente por parte de grupos armados ilegales como las disidencias del Estado Mayor Central y el ELN. Las cifras presentadas por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP evidencian un panorama alarmante: desde la firma del acuerdo de paz, se han documentado 602 ataques graves contra personas en proceso de reincorporación, entre los cuales se cuentan 456 homicidios, el 98% de las víctimas firmantes del acuerdo.

También se han registrado 28 eventos de desplazamiento forzado, que han afectado a más de 1.350 excombatientes y sus familias, muchos de ellos líderes comunitarios y promotores de proyectos productivos en zonas rurales del país. Varios espacios territoriales de reincorporación (AETCR y NAR), como los de La Pradera, Corinto, Toribío, Puerto Guzmán, Pitalito y San Vicente del Caguán, enfrentan serias amenazas que podrían obligar a su cierre, como consecuencia de la presión ejercida por actores armados ilegales.

Ante esta situación, la JEP ordenó a las entidades del Estado responsables del proceso de paz diseñar en un plazo máximo de 30 días una estrategia de reubicación digna y de seguridad integral para estas personas. Como parte de esa medida, se estableció la implementación de un plan piloto en el municipio de Argelia, Cauca, una de las zonas más afectadas por la violencia reciente.

La JEP recordó que proteger a los firmantes es una obligación del Estado colombiano y un componente esencial para la consolidación de una paz duradera. “Hoy, más que nunca, nos duele profundamente cada vida perdida”, señaló la Sala, haciendo un llamado a las instituciones para evitar que el esfuerzo de quienes dejaron las armas se vea frustrado por el abandono o la indiferencia estatal.