El excomandante del Ejército de Colombia, general retirado Mario Montoya, en una imagen de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
La JEP decidió aplazar para el próximo 27 y 28 de mayo, la audiencia en la que se recibirían observaciones de víctimas respecto a versiones voluntarias de miembros de la Cuarta Brigada del Ejército, incluida la del general, Mario Montoya Uribe.
La decisión se tomó para garantizar justicia plena a las víctimas del Macrocaso 3, subcaso Antioquia, tal como lo pidió la Procuraduría en escrito remitido a la magistratura, así como para analizar y tomar acciones frente a las dificultades que, en materia de acreditación, advirtieron el Ministerio Público y las demás organizaciones.
En una revisión inicial a un recurso de reposición interpuesto por el Sistema Autónomo de Asesoría y defensa para las Víctimas (SAAD) la Procuraduría encontró que “se tienen indicios de personas que acuden constantemente a la oficina de la JEP a consultar sobre el estado de su solicitud de acreditación, de la que aducen no tener ningún tipo de respuesta. Esta situación puede recaer en una vulneración de los derechos de las víctimas por ausencia del cumplimiento en la ruta de acreditación judicial o administrativa”.
Para el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, “la situación descrita preocupa profundamente, dado que no sería acorde con la finalidad del sistema de justicia transicional, convocar a escenarios de observaciones de víctimas en el territorio si, previamente, no se han atendido las demandas de participación de quienes allí se encuentran”, por lo que solicitó a la magistratura información precisa relacionada con:
– El universo de víctimas identificado a 29 marzo de 2023 para el sub caso Antioquia;
– El número de solicitudes de acreditación de víctimas recibidas a 29 de marzo de 2023, con interés de ser reconocidas en el subcaso Antioquia.
– El número de solicitudes de acreditación de víctimas del subcaso Antioquia que cuenten con decisión por parte de la magistratura, especificando el sentido de dicha decisión y,
– El número de jornadas de acreditación de víctimas en el subcaso Antioquia que se han desarrollado en el territorio.
De otra parte, en reunión sostenida por la Procuraduría con las organizaciones de víctimas, el SAAD y la JEP, el procurador delegado Acosta Aristizábal, reiteró la importancia del trabajo articulado para garantizar justicia y verdad plena, y señaló que también hará seguimiento a las situaciones planteadas, que hacen referencia al subregistro en el número de víctimas; el número de personas por grupo familiar que podrían participar en las audiencias y el estancamiento en las acreditaciones.
La Procuraduría se encuentra a la espera de la respuesta formal de la JEP a su comunicación en la que pidió un pronunciamiento definitivo frente a las solicitudes no resueltas, “de no ser así, se les estaría negando el acceso la justicia y mal podría la diligencia sin sus observaciones tal como lo sostienen los abogados del SAAD”, explicó.
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