Internet para todos

Hace rato que el internet dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad. Desde las actividades laborales hasta los procesos educativos dependen en gran medida de la conectividad que tengan los hogares. El gran problema, es que la brecha digital que existe en Colombia entre las grandes ciudades y las regiones es enorme, lo cual ahonda las profundas desigualdades que tenemos.

Si nosotros vemos el último informe que presentó el Dane en 2018 sobre la conectividad del País, nos damos cuenta que la situación es alarmante. El promedio nacional de hogares que contaban con una conexión a internet fijo solamente llegaba al 40.5% y si desagregamos esa cifra por regiones el panorama es desolador, dado que la alta penetración de este servicio que tienen los sitios donde se concentra el desarrollo económico de la Nación contrasta con la cruda realidad de la Colombia profunda.

Por ejemplo, el 67% de las familias bogotanas tienen internet fijo, al igual que el 52.4% de los vallecaucanos y el 46.2% de los paisas que vivimos entre Antioquia y el eje cafetero. Sin embargo, en las demás regiones del País este indicador cae drásticamente, a tal punto que en el pacífico, excluyendo el Valle del Cauca, solamente el 17.1% de los hogares cuentan con ese servicio, panorama incluso mejor que el de los departamentos de la Amazonía, donde esta cifra desciende al 6%.

Debido a lo anterior, en 2019 el Congreso aprobó la Ley que modernizó el sector de las TIC, la cual duplicó de 10 a 20 años los plazos del permiso que se le otorga a las empresas como Claro, Movistar, Tigo, etc. para utilizar el espectro radioeléctrico, lo cual busca que estas organizaciones del sector privado puedan destinar mayores recursos para construir la infraestructura necesaria que permita expandir los servicios a las zonas del País que hoy en día no están conectadas, dado que al hacer esta ampliación se garantiza el retorno de la inversión a largo plazo.

No obstante, este proceso debe ir acompañado de una ayuda por parte del Estado que les permita a los hogares más vulnerables financiar la adquisición del servicio de internet. De nada sirve expandir la red de infraestructura si las familias no cuentan con los recursos para contratar un plan mensual.

Tan es así, que todos los sectores políticos estamos de acuerdo en que alguna acción hay que adelantar para llevar el internet a las comunidades más vulnerables, más aún cuando la pandemia profundizó una brecha donde en el sector educativo, por mencionar un caso, los estudiantes de colegios privados pudieron continuar sus actividades sin mayores inconvenientes desde casa, mientras que los de colegios públicos, sobretodo en zonas rurales, han vivido un verdadero viacrucis para poder adelantar su proceso de formación.

Por eso, una alternativa que debemos examinar es la posibilidad de implementar un subsidio a la demanda de forma similar al que hoy en día existe para energía y gas. Bajo este modelo se financia como máximo el 60% de la tarifa de energía del estrato 1, el 50% del estrato 2 y el 15% del estrato 3. Si aplicamos esta fórmula a las conexiones de internet fijo estaríamos entregándole una herramienta real a las familias de menores recursos para acceder a este servicio sin generar una asfixia insostenible a las finanzas públicas.

En especial, porque la implementación de la educación virtual requiere sí o sí de esta herramienta y claramente los esfuerzos institucionales se deben enfocar en sacar adelante esta modalidad de estudio que, a diferencia de la formación presencial, puede llegar a todas las veredas, zonas rurales y estratos 1 y 2 gracias a la disminución de costos que implica en términos de transporte, mantenimiento y matrícula.

Ahora bien, para evitar los problemas de focalización que se presentan con el modelo de estratos, este subsidio se podría otorgar a los hogares más vulnerables del País sin tener en cuenta su lugar de residencia, los cuales ya fueron identificados por el Gobierno para realizar la devolución del IVA, que ya cubre a 1 millón de hogares y este año se extenderá a 2 millones.

De esta manera, el acceso a internet dejaría de ser un privilegio reservado para la porción más adinerada de Colombia y se convertiría en un servicio accesible para el grueso de la población, con el cual es posible llevar a cabo una transformación educativa y social donde la tecnología funge como un factor que equipara la cancha entre los distintos sectores del País.

La opinión del autor de este espacio no compromete la línea editorial de Minuto30.com

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