Foto sacada de redes sociales.
Una grave denuncia por presunto espionaje ilegal fue hecha pública por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, quien aseguró que un informe forense reveló que su teléfono celular fue intervenido de manera sistemática en más de 8.700 ocasiones entre agosto y noviembre del año pasado.
De acuerdo con el funcionario, el análisis técnico evidenció la activación no autorizada del micrófono y la cámara de su dispositivo, así como la extracción de cerca de 2,3 gigabytes de información privada, dentro de la cual habría datos sensibles relacionados con denuncias anticorrupción que venía impulsando desde el Gobierno Nacional.
El caso, según Idárraga, no se limitaría a un ataque digital. Un informe de contrainteligencia al que tuvo acceso indicaría que desde el Ministerio de Defensa se habría ordenado el uso de gastos reservados para adelantar seguimientos en su contra y contra miembros de su familia, con el propósito de identificar las fuentes que facilitaron investigaciones sobre presuntas irregularidades dentro del sector defensa.
“Se estaba estructurando una estrategia de desprestigio por la información que yo estaba recibiendo y documentando sobre distintos hechos de corrupción al interior de las fuerzas militares”, señaló el ministro de Justicia encargado en declaraciones recientes.
Idárraga confirmó que ya interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra personas indeterminadas y que también llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que se trata de un hecho de extrema gravedad que compromete garantías fundamentales.
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Además, solicitó formalmente a la Contraloría General de la República que investigue el manejo de los gastos reservados del sector Defensa, con el fin de establecer si estos recursos habrían sido utilizados para fines distintos a los autorizados por la ley.
El funcionario recordó que antes de asumir como ministro de Justicia encargado, se desempeñaba como secretario de Transparencia de la Presidencia, cargo desde el cual lideraba investigaciones sobre posibles vínculos entre integrantes del Ejército y grupos armados ilegales. Según indicó, desde ese momento habría comenzado el presunto seguimiento ilegal.
Un informe forense realizado por una empresa internacional (contratada por el propio funcionario) concluyó que la infiltración se habría ejecutado mediante el software Pegasus, activado específicamente el 1 de noviembre a las 2:32 de la tarde, con al menos 124 activaciones ilegales de audio y video.
El caso continúa en verificación por parte de las autoridades competentes y podría abrir uno de los capítulos más delicados sobre uso indebido de herramientas de inteligencia estatal en Colombia en los últimos años.
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