Allanamientos por caso ‘Calarcá’: CTI inspecciona oficinas clave del Estado por presuntos nexos con disidencias

Una nueva inspección judicial adelantada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se llevó a cabo este martes 9 de diciembre en Bogotá, como parte del proceso que busca esclarecer las conexiones institucionales mencionadas en los archivos encontrados en poder de alias ‘Calarcá’, jefe del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Los investigadores ingresaron al Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, así como a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Esta visita técnica se suma a las diligencias ya practicadas en las instalaciones de Indumil y en el Comando de Personal del Ejército, también mencionados en los documentos y dispositivos incautados al cabecilla.

Las acciones fueron ordenadas por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, con la intención de recopilar la mayor cantidad de evidencia posible para avanzar en la investigación que involucra a funcionarios y presuntos facilitadores de la estructura ilegal.

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De manera paralela, la Fiscalía continúa con la revisión forense de computadores, celulares, discos duros y memorias decomisados en julio de 2024 durante un retén militar en Anorí, Antioquia, donde se movilizaba una caravana de integrantes del autodenominado Estado Mayor de las disidencias.

En los hallazgos preliminares figuran nombres de varios acompañantes de alias Calarcá, así como menciones directas al general Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal del Ejército (Coper), señalado en los archivos como supuesto enlace o facilitador.

Su conducta es ahora materia de verificación para establecer si existen razones suficientes para imputarle cargos.

Otro funcionario bajo escrutinio es Wilmar de Jesús Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI, también referido en comunicaciones internas de la estructura ilegal.

Según los documentos, estas personas habrían participado en gestiones para favorecer movilidad, contactos y hasta la creación de una empresa de seguridad que protegería armas y personal de las disidencias.

Las indagaciones avanzan en medio de preocupaciones por un posible esquema de infiltración a instituciones del Estado, alianzas con actores ilegales y presunta financiación política.

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