¡Incurrió en una inaceptable desviación de poder! Corte Suprema confirma la condena contra el exdirector de la Policía, general en retiro Rodolfo Palomino

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el general en retiro Rodolfo Bautista Palomino López por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

Palomino López, para la época director de la Policía Nacional, se reunió con una fiscal, en su residencia, para hablar de una operación contra 14 personas del Fondo Ganadero de Córdoba y le planteó la posibilidad de detener una de las capturas: la de una persona a la que calificó de muy influyente.

Por esos hechos la Sala Especial de Primera Instancia le impuso, en noviembre de 2024, una pena de siete años de prisión, multa de 174,9976 SMMLV y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 9 años. Además, le negó la prisión domiciliaria.

Al resolver la apelación de la sentencia, la Sala de Casación Penal inicialmente señaló que la acción no está prescrita como manifestó la defensa del oficial en retiro. Igualmente dio valor probatorio a la grabación realizada con el celular de la funcionaria de la Fiscalía con la que se reunió Palomino López para que tomara una decisión favorable al ganadero Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

Para la Sala no hay dudas de que Palomino López, sirviéndose de su cargo de director de la Policía Nacional, intentó manipular a la fiscal del caso, con el propósito de obstaculizar el curso de la investigación y la materialización de la orden de captura librada contra Gallo Restrepo.

“Solicitar directamente en la vivienda de una fiscal que una investigación se dejara quieta, lejos de catalogarse como una conducta inherente a los deberes oficiales que le asistían al general en retiro, se instituyó en un abuso del poder del que, para entonces, estaba investido”, dijo la Sala.

Añadió que el condenado incurrió en una inaceptable desviación de poder agravada por la investidura que ostentaba. Se aprovechó de su cargo para conocer detalles de una investigación en curso asociada a un sistemático despojo de tierras en perjuicio de los campesinos del Urabá Antioqueño.

Ver sentencia SP228-2026.