Foto de archivo.
La polémica por la hoja de vida de Juliana Guerrero vuelve a tomar fuerza en medio del proceso judicial que enfrenta por presuntamente haber presentado títulos académicos irregulares cuando aspiraba al Viceministerio de las Juventudes durante el gobierno de Gustavo Petro. Nuevos documentos revelarían inconsistencias en la información académica que reportó ante entidades oficiales.
Según los registros conocidos recientemente, la joven habría presentado ante el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) dos versiones distintas de su hoja de vida, en las que figurarían omisiones y datos que no coinciden con certificaciones oficiales.
Un derecho de petición enviado al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) confirmó que Guerrero obtuvo en 2018 un título técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, cursado bajo un convenio de articulación con la institución educativa donde terminó el bachillerato en Agustín Codazzi, Cesar.
Sin embargo, en uno de los documentos radicados, ese mismo proceso formativo habría sido registrado como un pregrado de cuatro semestres, con grado en el mismo mes y año en que culminó el colegio.
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De acuerdo con la respuesta oficial del Sena Regional Cesar, el programa técnico correspondía a 880 horas de formación, lo que difiere de la duración académica que figuraba en el documento presentado. Además, ambos títulos (bachiller y supuesto pregrado) aparecen fechados en noviembre de 2018.
Tras la controversia, surgió otra versión de la hoja de vida donde se reporta un título profesional en Contaduría Pública con diez semestres cursados y grado en julio de 2025. No obstante, la Fundación Universitaria San José indicó que la joven no asistió a clases ni presentó evaluaciones para obtener ese reconocimiento.
El Ministerio de Educación también certificó que Guerrero estuvo matriculada en varias universidades del país, pero que no culminó estudios en ninguna de ellas.
Mientras avanzan las investigaciones y se reprograma la audiencia de imputación, continúa el trámite de una acción judicial que busca revisar su designación como delegada presidencial ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.
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