Gobierno se prepara para declarar emergencia económica y advierte: no hay plata para pagar compromisos del Estado

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció este viernes 19 de diciembre que el Gobierno Nacional tiene listo un decreto de emergencia económica ante el hundimiento de la reforma tributaria que buscaba recaudar $16,3 billones de pesos para el Presupuesto General de la Nación de 2026.

“Estamos terminando de concretar una alternativa de declaración de emergencia económica con la cual pretendemos equilibrar esos recursos a través de diferentes medidas”, aseguró el jefe de la cartera en rueda de prensa.

Ávila señaló que esperan anunciar la medida y expedir los decretos complementarios la próxima semana, con los cuales establecerán nuevas medidas tributarias para recuperar el monto desfinanciado por el Congreso.

“Estamos esperando garantizar la recuperación de los recursos que el Congreso dejó desfinanciados del Presupuesto Nacional. Eso obliga al Gobierno a tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto aprobado por el mismo Congreso”, afirmó el funcionario.

El ministro justificó la emergencia económica señalando que se trata de una situación sin precedentes en los últimos 30 años: “En ningún antecedente el Congreso aprueba un presupuesto asociado a una ley de financiamiento como una de las fuentes de financiación y dos meses después el mismo Congreso niega la ley”, denunció.

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“Es una especie de trampa que hace el Congreso. Aprueba un presupuesto que supone unos niveles de gasto y compromisos que deben ser asumidos para cumplir unas metas sociales y económicas y después retira parte de los recursos”, agregó Ávila.

El funcionario detalló varios hechos sobrevinientes que justificarían la declaratoria de emergencia económica

Crisis en el sector salud: Ávila destacó la crisis financiera que está viviendo el sector de la salud y el riesgo de no pago que podría haber en los subsidios para los estratos 1, 2 y 3.

Subsidios de energía en riesgo: “Están en riesgo los pagos de los subsidios de energía. Esto tendría un altísimo impacto en la Costa Atlántica”, advirtió el ministro sobre los hogares del Caribe que se encuentran en especial vulnerabilidad.

Vigencias futuras: El ministro expresó especial preocupación por garantizar el cumplimiento de las vigencias futuras.

“Tenemos una obligatoriedad constitucional de atender los compromisos de vigencias futuras de gobiernos anteriores. Anualmente, tenemos que responder por abonos a esos compromisos por cerca de $15 billones de pesos, rubro que debe estar incorporado en el presupuesto de inversión”, sostuvo.

Sentencias judiciales: Ávila señaló que también se pone en riesgo el pago de las sentencias judiciales que el Estado debe cumplir obligatoriamente.

Seguridad nacional: El ministro vinculó la emergencia con el deterioro de la situación de orden público.

“Recientemente, hemos tenido ataques a la Fuerza Pública en departamentos como Cesar o Cauca y las organizaciones armadas están utilizando sistemas de tecnología de drones con las cuales están afectando la infraestructura”, declaró.

Según Ávila, la declaratoria de emergencia busca proteger derechos fundamentales y garantizar transferencias a la población más vulnerable, cumplir las vigencias futuras, fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares y asegurar los subsidios de energía eléctrica.

El hundimiento de la reforma tributaria representa un duro golpe para las finanzas del Gobierno de Gustavo Petro, que ahora deberá apelar a la figura constitucional de emergencia económica para intentar recuperar los recursos que consideraba indispensables para la operación del Estado en 2026.

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