El Gobierno brasileño admitió hoy la «dramática» situación de las cárceles del país y en especial en el estado nororiental de Maranhao, donde 62 presos han muerto desde enero de 2013 en una ola de violencia que llegó hasta las calles.
La violencia desatada en Maranhao, que incluyó atentados contra autobuses de transporte público ordenados desde la prisiones, como el que la semana pasada segó la vida de una niña de seis años, fue debatida hoy por un consejo gubernamental encabezado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia.
La jefa de Estado Dilma Rousseff también analizó el caso con el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, quien luego viajó hacia la ciudad de Sao Luis, capital de Maranhao, para estudiar con la gobernadora de este estado, Roseana Sarney, el apoyo que puede dar el Gobierno federal.
Según fuentes oficiales, ese apoyo incluirá el traslado de los cabecillas de las mafias a otras regiones del país y créditos para acelerar las obras de tres prisiones que se construyen en Maranhao, a fin de reducir el hacinamiento.
El consejo de derechos humanos, por su parte, calificó de «dramática» la realidad de las cárceles y planteó una serie de acciones para ponerle coto a las «sistemáticas violaciones» en los presidios de ese estado nororiental.
En un comunicado difundido tras la reunión, el consejo admitió que el caso de Maranhao se enmarca en un «contexto nacional de graves violaciones en el sistema penitenciario».
Reconoció que esa situación es especialmente grave en la cárcel de Pedrinhas, en Sao Luis, donde además de las muertes de presos se han denunciado «violaciones de familiares» en los días de visitas, lo cual refleja una «ausencia absoluta de control» por parte de las autoridades.
Asimismo, exigió una «inmediata investigación» de esos hechos y que sean identificados y castigados los responsables, tal como lo demandó este miércoles, desde Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville.
El consejo también urgió a las autoridades de Maranhao a elaborar con la mayor brevedad «un plan de emergencia» que permita «superar las graves violaciones de los derechos humanos» en los presidios e iniciar una acción «frontal» contra las mafias que los controlan.
La policía sospecha que esas mafias de Maranhao están vinculadas al grupo Primer Comando de la Capital (PCC), conocido también como «Partido del Crimen», que nació hace más de una década en las cárceles de Sao Paulo.
Según datos oficiales, las prisiones brasileñas albergan a unos 550.000 internos, lo que supera en un 30 % su capacidad y supone la cuarta población penal del mundo en términos absolutos, por detrás de Estados Unidos (2,2 millones), China (1,6 millones) y Rusia (740.000).
La estadística oficial dice que el año pasado fueron asesinados 282 reclusos en diversos episodios de violencia, que en general se vinculan a disputas entre los internos por el control del tráfico de drogas y otros «comercios» ilegales tras las rejas. Brasilia, 9 ene (EFE).-
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