Minuto30.com .- Una grave denuncia sacude el panorama político de Antioquia y pone nuevamente en el ojo del huracán a la polémica senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta. Documentos internos de la Policía Nacional, revelados por la Revista Semana, señalan una presunta e irregular intromisión de un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en la investigación del secuestro y asesinato del líder minero Jaime Alonso Gallego, conocido en el sector como “Mongo”.
Los hechos se centran en la actuación de Johan Edisson Giraldo, asesor de la congresista, quien presuntamente se habría llevado al único testigo del crimen —el escolta del líder asesinado— poco después de que este recuperara su libertad, interfiriendo de manera directa en el proceso judicial.
El caso que originó esta controversia comenzó el 3 de marzo de 2025, cuando Jaime Alonso Gallego fue secuestrado en la vía que comunica a los municipios de Vegachí y Amalfi. Seis días después, su cuerpo fue hallado sin vida con múltiples impactos de bala. El asesinato cobró relevancia nacional cuando el presidente Gustavo Petro señaló públicamente a alias “Máximo” o “Sebastián” como el presunto autor intelectual del hecho, y quien posteriormente fue capturado.
El único testigo clave para identificar a los verdugos era el escolta del líder minero, quien también había sido secuestrado. Sin embargo, lo que parecía una ruta clara para la Fiscalía se tornó “confuso” y “contradictorio” tras la aparición de Giraldo en la escena.
La misteriosa intervención del asesor de la UTL
Según las constancias policiales publicadas por Semana, Johan Edisson Giraldo llegó a la estación de servicio La Marquesa, en la vía nacional, identificándose con su credencial de la UTL de la senadora Zuleta. Los investigadores se preguntan hoy: ¿Cómo supo el asesor el punto exacto donde estaba el testigo? y ¿Bajo qué autoridad se llevó al escolta que estaba bajo protección policial?
Fuentes oficiales indicaron que, tras el traslado a cargo de Giraldo, las declaraciones posteriores del testigo resultaron incoherentes y, en palabras de los investigadores, parecían “libreteadas”. Esta no es la primera vez que el nombre de este asesor aparece en informes de inteligencia; anteriormente, generales del Ejército y la Policía ya habían denunciado supuestas interferencias de su parte en operativos realizados en el departamento de Antioquia.
La senadora Isabel Cristina Zuleta ha calificado estos señalamientos como una “inexplicable persecución y violencia política” en su contra. Sin embargo, la polémica escaló cuando, en lugar de responder a los interrogantes planteados por el medio de comunicación, la congresista publicó en sus redes sociales el número telefónico y la fotografía del periodista que la contactó.
Este acto ha sido interpretado como una grave vulneración a la libertad de prensa y una exposición deliberada del comunicador a riesgos contra su integridad física. Mientras tanto, la justicia intenta determinar si la intervención de su asesor buscaba proteger al testigo o, por el contrario, entorpecer el esclarecimiento del asesinato de Jaime Gallego.
Un panorama judicial complejo
Foto de cortesía.
Este nuevo escándalo se suma a la investigación que ya pesa sobre la senadora por el denominado “tarimazo”, relacionado con la presunta salida irregular de cabecillas delincuenciales de la cárcel de Itagüí para participar en actos políticos en la Alpujarra.
La situación de Johan Edisson Giraldo es hoy una pieza clave en un rompecabezas que involucra seguridad nacional, derechos humanos y la transparencia del ejercicio legislativo en Antioquia. La comunidad de Amalfi y Vegachí exige justicia por “Mongo”, mientras las instituciones deben responder por qué se permitió que un civil interviniera en una custodia judicial de tal importancia.
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