Fuerza Pública en un Punto de Inflexión: Datos, Decisiones y Urgencias

Hoy en día, hablar de seguridad en Colombia no es solo una frase, sino un ejercicio de datos que expone una verdad sombría. Detrás del lenguaje de “paz total”, las condiciones en el terreno están empeorando, castigando a las comunidades y agotando a la Fuerza Pública. Al menos 74,400 personas fueron desplazadas entre enero y julio de 2025, y para agosto la cifra ha alcanzado los 79,500. En regiones donde el Estado solo está presente de manera intermitente, el confinamiento y las restricciones de movilidad han alcanzado niveles preocupantes. Asimismo, el mapa de la violencia letal no ofrece respiro: hasta el 18 de septiembre del 2025, Indepaz registró 59 masacres con 194 víctimas, en comparación con 76 masacres y 267 víctimas en 2024. No hay un auge repentino, sino una existencia que enmascara cualquier optimismo; la descomposición de los grupos armados no ha reducido el costo y el control del territorio no ha aumentado.

Esta crisis ha golpeado directamente a la Fuerza Pública. Tres incidentes marcaron un punto de inflexión en 2025: el secuestro de 29 soldados en marzo y 57 soldados en junio en Cauca, y 34 soldados en agosto en Guaviare. Los eventos violan el Derecho Internacional Humanitario y muestran una clara imagen de debilidad operativa en áreas prioritarias. Las propias estadísticas del gobierno confirman el desgaste: un promedio de 12 combates semanales, 27% más hostigamientos que en 2024, y un 5% menos de arrestos. El cálculo es simple: más presión con menos efecto. Los incentivos y las reglas de enfrentamiento parecen divorciados del terreno, pero la moral institucional se está deteriorando.

El clima interno también se complicó. Más de 30,000 retiros denunciados por opositores políticos y reducciones hechas por el Ministerio de Defensa, que fueron admitidas por la rotación constante de sus miembros. Aunque el número de hombres en la fuerza pública supera los 500.000, la rotación regular y la ausencia de bienestar minan la motivación y la retención de talento. La historia se complica más con los procesos de paz: con ceses al fuego sin protocolos claros o verificación efectiva para la implementación, los grupos armados pudieron reorganizarse y construir economías ilícitas. ACLED ha advertido que, aunque algunos indicadores de violencia disminuyen, los actores ilegales se fortalecen cuando el Estado hace menos.

En situaciones como esta, las soluciones deben ser pragmáticas e inmediatas. Las reglas de enfrentamiento deben conformarse al Derecho Internacional Humanitario y al entorno operativo sin ambigüedades que puedan paralizar al ejército. La gestión del talento debe ser meritocrática, orientada a la familia y centrada en sus capacidades; solo porque tienes más hombres no significa que tengas más capacidad. Además, también es importante atacar las economías del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión: sin estos canales, cualquier negociación seguirá siendo simbólica.

Finalmente, el Gobierno necesita dejar de lado la batalla narrativa y en cambio comprometerse con la transparencia, haciendo visible información verificable sobre desplazamientos, hostigamientos, resultados judiciales. El control territorial impedirá cualquier paz y una Fuerza Pública en funcionamiento no tendrá reglas. En este año 2025, no se puede llamar a la resignación, sino a decisiones firmes y responsables. Reconocer la realidad es admitir que el Estado ya está llegando tarde a muchos lugares.

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