Foto de archivo y de la UNP.
La Fiscalía General de la Nación retiró la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presunta omisión en la seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, Bogotá. La decisión se tomó tras identificarse un conflicto de competencias dentro del ente acusador.
Inicialmente, una fiscal seccional de Bogotá había solicitado la audiencia de imputación por prevaricato por omisión, bajo la tesis de que Rodríguez no habría atendido 23 solicitudes del senador para reforzar su esquema de seguridad antes del atentado que terminó con su muerte. Sin embargo, la creación del Grupo de Tareas Especiales, encargado de centralizar todas las investigaciones relacionadas con el magnicidio, determinó que la fiscal local no contaba con competencia para continuar con el caso de manera independiente.
Aunque la imputación fue retirada, los informes y pruebas sobre las presuntas omisiones de Rodríguez no se descartan, y ahora será el Grupo de Tareas Especiales quien evaluará si retoma la solicitud de imputación o sigue otro camino jurídico para esclarecer la posible responsabilidad del director de la UNP.
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Avances en la investigación del asesinato de Uribe Turbay
Hasta el momento, nueve personas han sido detenidas en relación con el crimen, incluido un menor de edad que disparó contra el senador y que fue sancionado con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas. La Policía mantiene como hipótesis principal que el atentado fue ordenado por la Segunda Marquetalia, disidencia de las antiguas FARC liderada por alias Iván Márquez.
La Fiscalía reiteró que la investigación permanece abierta y que se continuará con el análisis de todo el material probatorio para determinar responsabilidades, mientras que la concentración del caso en el Grupo de Tareas Especiales busca garantizar unidad, integralidad y respeto a los procedimientos internos del ente acusador.
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