Magistrado Carlos Camargo en una imagen del Senado de la República
Minuto30.com .- La tarde de este viernes 23 de enero ha sido de alta tensión judicial en Colombia. El magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, radicó formalmente una ponencia que busca suspender provisionalmente los efectos del decreto con el que el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica en el país.
El documento de 86 páginas es un proyecto de fallo que será estudiado por la Sala Plena el próximo miércoles. La intención de Camargo es congelar la medida mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo sobre su constitucionalidad.
Las claves de la ponencia y el choque de poderes
La petición de suspensión provisional cuenta con el respaldo de sectores que consideran que el Gobierno ha excedido sus facultades:
El magistrado Juan Carlos Cortés también pidió suspender parte de los efectos fiscales del decreto, argumentando que varias disposiciones superarían los límites establecidos en la Constitución de 1991.
La radicación se da poco después de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez se declarara impedido para participar en la discusión. Además, el ambiente está caldeado por las recusaciones pendientes sobre la reforma pensional.
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó duramente la postura del magistrado Camargo y se refirió con vehemencia a los señalados vicios de inconstitucionalidad de las reformas del Gobierno.
Para el Ejecutivo, estas acciones de la Corte son interpretadas como un obstáculo a las herramientas que consideran necesarias para atender la crisis económica. Benedetti también cuestionó al magistrado Ibáñez, en medio de un mes de enero donde se espera que la Corte defina la exequibilidad de proyectos clave.
¿Qué pasará el próximo miércoles?
La Sala Plena de la Corte Constitucional tendrá en sus manos la decisión de acoger o no la ponencia de Camargo. De aprobarse la suspensión, todas las medidas tomadas bajo el marco de la emergencia quedarían sin efecto inmediato y sería un revés jurídico de gran magnitud para la Casa de Nariño en el arranque del año legislativo.
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