FOTOS: Incautan 23 bienes de la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia

Minuto30.com-. En desarrollo de la política de extinguir el dominio del patrimonio de personas vinculadas a casos de corrupción, la Fiscalía tomó decisiones contra los presuntos responsables del denominado ‘festín’ de dádivas, con el que la administración de Armenia en el periodo 2012 – 2015 habría entregado los contratos de obra de desarrollo vial de la ciudad a cambio de $12.000.000.000 que, presuntamente, terminaron en los bolsillos de funcionarios e intermediarios.

La Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de extinción de dominio contra 23 bienes que estarían a nombre o en los que tendrían participación accionaria la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, y su esposo, Francisco Javier Valencia Salazar, así como el constructor Fernando Díez Cardona, entre otros contratistas.

Las propiedades avaluadas en $156.000.000.000 fueron incautadas en una operación conjunta realizada por policía judicial de la Fiscalía, el Gaula Militar y personal del Ejército en Bogotá, Girardot (Cundinamarca), Pereira, Medellín, Sabaneta, La Ceja, Armenia, Pijao y Quimbaya (Quindío). Entre los bienes ocupados hay 18 inmuebles, tres sociedades y dos establecimientos de comercio que quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En el rastreo realizado por los investigadores de la Fiscalía al patrimonio de los involucrados en la defraudación a los recursos de Armenia, se constató que dos días antes de la captura de la exalcaldesa y su esposo, la pareja constituyó una sociedad denominada Valencia Otálvaro & Cía., con la cual habría empezado a ocultar y desviar parte de las propiedades que sostenían con los dineros que supuestamente recibieron para direccionar los contratos de obra.

Esa sociedad, algunas casas y fincas en las que aparecen como propietarios o tendrían participación la exfuncionaria y su cónyuge, fueron afectadas con las medidas de extinción de dominio.

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Por otra parte, la Sociedad Constructora Díez Cardona S.A.S.; la Sociedad Constructora Furel S.A., del empresario Hernán Moreno Pérez, quien fue capturado; y la Sociedad Española Construcciones Lezo S.A.S., que conformaron las uniones temporales a las que les fueron entregados los contratos de las obras de Armenia en medio de presuntas anomalías y pagos de dádivas, también fueron ocupadas, así como las oficinas principales donde funcionaban en Medellín y Bogotá.

Para la Fiscalía “está claro que las tres sociedades constructoras vinculadas a las investigaciones y sus bienes fueron destinados y utilizados como instrumentos para la comisión de una actividad ilegal que afectó las finanzas de Armenia. Adicionalmente, las medidas recaen sobre apartamentos, garajes y depósitos que aparecían a nombre de familiares del contratista Fernando Díez Cardona, capturado en el curso de las investigaciones”.

Antecedentes

Entre marzo y abril del este año, la Fiscalía logró la captura y judicialización de 13 personas (funcionarios, intermediarios y contratistas) vinculadas a las investigaciones por el presunto direccionamiento irregular de los planes de desarrollo vial de Armenia a un grupo específico de constructores.

En las indagaciones, la Fiscalía constató que la entonces alcaldesa, Luz Piedad Valencia Franco, obtuvo del Concejo municipal aprobación para realizar cobros de valorización y así financiar obras como puentes y vías, entre otras. Asimismo, la entonces mandataria expidió un acuerdo con el que facultó a las distintas secretarías del despacho para realizar contrataciones directas o procesos contractuales con absoluta independencia.

Ese aparentemente marco administrativo y legal habría servido para que el constructor Fernando Díez Cardona y Francisco Javier Valencia Salazar, esposo de la exalcaldesa, pactaran que toda la contratación de las obras por valorización en Armenia, que ascendía a $111.262.735.728, quedara en manos de dos uniones temporales, en las que figuraban las empresas de Díez Cardona y algunos de sus socios, explicó la Fiscalía.

El acuerdo presuntamente se pactó con una entrega inicial de $300.000.000 y el pago de dádivas que correspondían al 10% del valor total de los contratos, cerca de $12.000.000.000 desembolsados en efectivo, que supuestamente salieron de los anticipos reconocidos a los constructores.

Con información de la Fiscalía General de la Nación