Miguel Quintero en una imagen de archivo
Minuto30.com .- El Juzgado 27 Penal Municipal de Garantías de Medellín imputó cargos contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y tres exfuncionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y suspendió la audiencia para permitir que las partes revisen el material probatorio; la diligencia continuará el próximo lunes 14 de septiembre en horas de la tarde.
A pesar de la pausa, la Fiscalía General de la Nación logró avanzar en la exposición de los hechos jurídicamente relevantes, destapando los detalles de un presunto entramado de corrupción ejecutado entre los años 2020 y 2022.
Según la investigación del ente acusador, Miguel Quintero habría actuado como el presunto «determinador» de un plan criminal diseñado para saquear recursos del AMVA. La Fiscalía le atribuye haber utilizado su influencia en la pasada administración para poner y quitar «fichas» estratégicas dentro de las entidades según sus intereses.
El expediente documenta una presunta alianza ilícita entre exfuncionarios del Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Los implicados habrían pactado el cobro de una cuota del 15 % sobre el valor de seis contratos que sumaban un total de $17.000 millones.
Los recursos apropiados: La Fiscalía determinó que, fruto de este entramado, Miguel Quintero se habría apropiado irregularmente de $2.481 millones de pesos ($1.654 millones para su propio beneficio y $827 millones desviados a favor de terceros).
El testigo clave: Las pruebas se sustentan en gran parte por las declaraciones de Misael Cadavid, antiguo representante legal de los Bomberos de Itagüí, quien firmó un principio de oportunidad con la justicia, quedó en libertad y hoy actúa como el testigo principal contra los procesados.
Cargos formales y solicitud de cárcel
Durante la diligencia judicial, la Fiscalía formalizó las acusaciones, distribuyendo los delitos de la siguiente manera:
Miguel Quintero Calle: Peculado por apropiación (en calidad de determinador).
Álvaro Villada García: Interés indebido en la celebración de contratos.
Vanessa Álvarez Restrepo: Interés indebido en la celebración de contratos.
Sebastián Ortega Urán: Peculado por apropiación.
Para la reanudación de la audiencia el próximo lunes, tanto la Fiscalía como la Alcaldía de Medellín —la cual fue reconocida formalmente como víctima en el proceso— anunciaron que solicitarán la medida de aseguramiento en centro carcelario para los cuatro imputados, argumentando el riesgo de que interfieran en el desarrollo de la investigación.
Tras conocer los detalles revelados por la Fiscalía, el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sugiriendo públicamente a Miguel Quintero y a los demás procesados que se allanen a los cargos para responder por el presunto saqueo.
El mandatario distrital aprovechó la coyuntura para entregar un balance de las acciones penales derivadas de la administración 2020-2023, señalando que, con las acusaciones de hoy, la cifra asciende a 57 personas imputadas por delitos contra la administración pública durante el gobierno del exalcalde Daniel Quintero.
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