Foto: Archivo
La Fiscalía General de la Nación ha reafirmado su «indeclinable compromiso» con la identificación y judicialización de los responsables materiales y determinadores del atentado perpetrado el pasado 7 de junio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La entidad, a través de un comunicado oficial, enfatizó su objetividad e independencia judicial, y se comprometió a establecer los móviles criminales detrás del ataque.
La Fiscalía destacó que su investigación avanza con el respaldo de un equipo profesional de policía judicial, utilizando todos los recursos técnicos, científicos y operativos disponibles. Sin embargo, la institución rechazó enfáticamente la filtración de elementos probatorios y la divulgación de especulaciones o hipótesis apresuradas. Según la Fiscalía, estas acciones desinforman a la opinión pública, confunden a la ciudadanía, y lo más grave, afectan la integridad de la investigación y obstruyen la acción de la justicia. La entidad se autoproclamó como la «única vocera oficial» de la acción penal, y prometió informar oportunamente los avances que no estén bajo reserva legal.
Un punto crucial del comunicado fue la confirmación del carácter reservado de la investigación en su etapa actual, dedicando las competencias plenas a sus investigadores: el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la policía judicial de la Policía Nacional. La Fiscalía General de la Nación también reveló una medida drástica: la Fiscal General dispuso que toda reunión de coordinación y seguimiento del caso se realice exclusivamente en sus instalaciones y bajo su control, esto tras la «desnaturalización» de un Puesto de Mando Unificado permanente en la Policía Metropolitana de Bogotá por la incorporación de funcionarios externos, incluyendo los directores de la UNP y DNI, a petición del Presidente de la República.
La Fiscalía agradeció los esfuerzos de los organismos de inteligencia, solicitando respetuosamente la remisión oportuna de «información estratégica» que sea verdaderamente orientadora de la investigación. No obstante, recordó que, según la Ley 1621 de 2013, los informes de inteligencia y contrainteligencia no tienen valor probatorio en procesos judiciales, subrayando la necesidad de corroboración. Además, hizo un llamado a instituciones del Estado, medios de comunicación, actores sociales y políticos, y a la ciudadanía, para que aporten cualquier dato o material relevante que pueda servir como prueba o evidencia a través de los canales oficiales.
Finalmente, la Fiscalía abordó directamente la solicitud del Presidente de la República de una «comisión de investigación judicial independiente de las Naciones Unidas» para el caso de Uribe Turbay y otros líderes. La entidad fue contundente: afirmó tener «plena legitimidad y solidez institucional, operativa y funcional» para adelantar la investigación. Recordó que el atentado ocurrió hace solo cinco días y ya se cuenta con «importante evidencia» que conducirá a la judicialización de los partícipes.
La Fiscalía enfatizó que, a pesar de estar en el centro de la polarización política, su labor se realiza «de manera rigurosa» y no enfrenta los mismos retos que llevaron a la conformación de una comisión internacional en otros países, como Guatemala. La entidad garantizó al país «tranquilidad y confianza» en el trabajo independiente y objetivo de su equipo especializado.
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