Fotografía de archivo fechada el 27 de enero de 2020 donde aparece Jeanine Áñez, en ese entonces presidenta interina de Bolivia, mientras firma el anteproyecto de ley de la chola boliviana, en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz/Archivo
La Fiscalía boliviana admitió cuatro “proposiciones acusatorias” contra la expresidenta interina Jeanine Áñez por acciones que asumió durante su Gobierno y que podrían derivar en procesos de responsabilidades ante el Parlamento.
“Tenemos 30 días para desarrollar actos investigativos correspondientes para luego emitir el requerimiento conclusivo”, dijo este martes el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, en referencia a cuatro causas que fueron presentadas hace unos días por el Ministerio de Justicia.
Inicialmente “se analizó el contenido de las proposiciones acusatorias” para luego desarrollar una investigación cuyo paso final es la remisión de resultados ante el Parlamento, aseguró Quispe, que evocó el cumplimiento de la ley para el juzgamiento de altas autoridades del poder Ejecutivo y Judicial del país.
Las denuncias contra Áñez son por delitos como resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública y discriminación, entre otros, en los que también se señala a “colaboradores” de la gestión interina, apuntó Quispe citado en un comunicado de la Fiscalía.
La primera acusación que señala la Fiscalía es por la aprobación de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 346 millones de dólares sin la autorización del Parlamento y que generó intereses por alrededor de 5 millones y que el Gobierno del presidente Luis Arce devolvió.
Quispe dijo que el segundo caso es por la aprobación de un decreto presidencial contrario a la libertad de expresión y que estuvo vigente algunos días durante la cuarentena rígida contra la covid-19 en 2020 y que alertaba de juicios penales a los que desinformen a la población sobre las medidas gubernamentales ante la pandemia.
Otra acusación está vinculada por una “concesión irregular” por quince años del Registro Público y Comercio.
Finalmente, está la denuncia por discriminación puesto que Áñez emitió supuestamente “órdenes inconstitucionales y anticonvencionales” para que las fuerzas de seguridad impidiesen el retorno de bolivianos procedentes de Chile durante la aplicación de la cuarentena rígida en abril del año pasado, apuntó Quispe.
Áñez, que guarda reclusión hace una semana en un penal de La Paz, afronta una investigación por conspiración, sedición y terrorismo en el caso llamado “golpe de Estado” por la crisis que se desató a fines de 2019 y que produjo la renuncia del expresidente Evo Morales.
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