En un giro inesperado de los acontecimientos, la Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Cali, judicializó a Michelle, una mujer trans de 25 años, presunta responsable de la muerte de un hombre ocurrida en la capital del Valle del Cauca, el 27 de diciembre de 2023.
El caso, que había permanecido bajo investigación durante varios meses, ha tomado un nuevo rumbo, tras la acusación formal por los delitos de homicidio, hurto calificado y tortura.
Según los detalles proporcionados por las autoridades, el crimen ocurrió en un conjunto residencial ubicado en el sur de Cali.
La víctima, cuyo nombre no ha sido revelado, ingresó a su vivienda acompañado de dos personas, entre ellas Michelle, quien sería la principal implicada en los hechos.
Según las primeras investigaciones, Michelle y su acompañante habrían amordazado a la víctima, quien finalmente perdió la vida por asfixia, lo que sugiere que se trató de un homicidio premeditado.
Además, la Fiscalía ha establecido que las presuntas agresoras habrían hurtado objetos de valor en la vivienda de la víctima antes de darse a la fuga. Estos detalles han sido fundamentales en el avance de la investigación, lo que llevó a la judicialización de Michelle. El fiscal encargado del caso imputó a la procesada los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y tortura, acusaciones que fueron respaldadas por el juez de control de garantías.
En cumplimiento de una orden judicial, la Policía Nacional detuvo a Michelle el 21 de febrero de 2025. La detención se produjo después de que las autoridades recabaran pruebas suficientes que vinculan a la mujer trans con el crimen.
La Policía publicó una fotografía en la que se puede ver a Michelle de pie, con los brazos atrás, mientras es escoltada por uniformados. La joven vestía una blusa de manga larga y pantalones de sudadera negros, con un pendón institucional de la Policía detrás de ella.
El juez, al revisar las evidencias presentadas por el ente acusador, dispuso que Michelle deberá permanecer bajo medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se continúa con el proceso judicial. Esta medida, que es estándar en casos de homicidio, se aplicó con el fin de garantizar que la procesada se presente a juicio y no interfiera con la investigación en curso.
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