Foto de cortesía.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicó el pasado 13 de enero una solicitud formal de medida cautelar de urgencia ante la Corte Constitucional, con el propósito de que se suspendan de manera inmediata los efectos del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional a finales de diciembre de 2025.
Según explicó el mandatario local, la acción busca frenar lo que considera una reforma tributaria de facto, implementada sin el debido debate en el Congreso de la República.
«Un estudio de fondo ya tiene reparto dentro de la Corte Constitucional, (espero que) este se suspenda a través de una medida cautelar que nosotros interpusimos, porque claramente no están los elementos para la emergencia económica que aduce el presidente Petro», indicó Gutiérrez.
De acuerdo con el alcalde de Medellín, el decreto ha comenzado a generar impactos directos sobre el bolsillo de los ciudadanos desde el 1 de enero de 2026, a través de nuevas cargas que afectan productos y servicios de consumo básico.
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Durante una rueda de prensa, Gutiérrez aseguró que el decreto es consecuencia de la imposibilidad del Gobierno de sacar adelante una reforma tributaria en el Congreso y calificó la emergencia como una figura “autogenerada” por problemas de manejo fiscal. En ese contexto, afirmó que el Ejecutivo estaría gobernando mediante decretos para evadir el control legislativo.
El mandatario también hizo un llamado a gobernadores, alcaldes y gremios económicos del país para que se sumen a la solicitud, con el fin de frenar lo que denominó una “gobernanza por excepción”, que según el mandatario, pone en riesgo el equilibrio institucional y la seguridad jurídica.
La Corte Constitucional ya inició sesiones de la radicación del recurso para evaluar la procedencia de la medida cautelar, mientras avanza el estudio de fondo sobre la constitucionalidad del decreto. De concederse la suspensión provisional, los efectos de la emergencia económica quedarían congelados hasta que se emita una decisión definitiva.
Gutiérrez insistió en que la solicitud busca proteger no solo a Medellín y Antioquia, sino a los hogares colombianos en general, y manifestó su expectativa de que el alto tribunal actúe con prontitud frente a los efectos fiscales que ya se estarían sintiendo en el país.
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