Resumen: Varios extranjeros con antecedentes penales y condenas vigentes serán expulsados tras operativos de control realizados en Itagüí.
En una contundente ofensiva institucional orientada a reforzar la seguridad en el Valle de Aburrá, la Alcaldía de Itagüí, en articulación con la Policía Nacional, el Ejército, Migración Colombia y agencias internacionales como Homeland Security Investigations (HSI), desplegó intensos operativos de control territorial.
Las intervenciones se concentraron en las calles de la vereda El Ajizal y el barrio La Unión, donde se logró la detención e individualización de varios ciudadanos extranjeros que no contaban con su documentación al día o presentaban deudas pendientes con la justicia, por lo que iniciaron formalmente los trámites para ser expulsados del país.
Durante los procedimientos de verificación apoyados con tecnología especializada, las autoridades identificaron a dos personas de nacionalidad venezolana requeridas por órdenes de captura vigentes por el delito de hurto agravado.
Asimismo, la fuerza pública logró establecer que uno de los retenidos registraba una condena pendiente de 12 años de prisión por hurto, mientras que en medio de las diligencias de registro fue capturada una persona en flagrancia con una libra de marihuana en su poder.
Todos los ciudadanos requeridos por crímenes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación antes de que sean expulsados del territorio nacional.
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El alcalde de Itagüí, Diego Torres, enfatizó que estas acciones operativas continuarán de manera permanente en todas las comunas de la localidad para garantizar el cumplimiento estricto de la ley.
Estas acciones se enmarcan en las directrices del Gobierno Nacional dictadas por el presidente Abelardo de la Espriella, quien ordenó endurecer los controles sobre la población migrante irregular y judicializar a quienes cometan delitos en suelo colombiano, marcando así los primeros procesos formales para que estos extranjeros terminen expulsados en Antioquia.
Actualmente, las autoridades migratorias avanzan en la fase administrativa de tres expedientes de deportación y mantienen bajo revisión el estatus de otros indiciados con anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio.
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