Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estarían dispuestas a pactar un acuerdo con el Gobierno sobre la utilización de explosivos pero desde la reciprocidad, afirmó hoy en La Habana el número dos de la guerrilla, “Iván Márquez”.
“Esta es una problemática recíproca que involucra al ejército de Colombia y también a las fuerzas insurgentes”, señaló “Iván Márquez” (alias de Luciano Marín Arango) a preguntas de los medios en La Habana, donde hoy arranca un nuevo ciclo de las negociaciones de paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Ayer jueves, el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, llamó a las FARC a que se comprometan con el fin del uso de minas antipersona, con motivo de la conferencia global de asistencia a las víctimas de esos artefactos que se celebra en la ciudad de Medellín.
El número dos de la guerrilla señaló que la minas “son una forma de respuesta de las organizaciones populares a un ejército superior en fuerza” que usa “bombas inteligentes” y que cuenta “con la ayuda de la CIA” (la agencia central de inteligencia estadounidense).
“Estos temas (el uso de explosivos) estamos en plena disposición de abordarlos con la contraparte y creo que podríamos llegar a un acuerdo en torno a la utilización de explosivos pero tendría que tenerse en cuenta este aspecto que acabo de mencionar”, insistió el jefe guerrillero.
Preguntado si las FARC estarían dispuestas a entregar un mapa de sus minas antipersona, Márquez dijo que eso “también podría exigírsele a las fuerzas publicas que siembran minas”.
En reiteradas ocasiones el vicepresidente Garzón ha pedido tanto a las FARC como al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país, dejar de utilizar las minas e informar al Gobierno su ubicación.
Según el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Paicma) en Colombia, a partir de 1990 hasta la fecha se han registrado 10.607 personas víctimas de esos artefactos, municiones sin explotar y explosivos improvisados.
De esas víctimas, 6.491 son miembros de la Fuerza Pública y 4.116 son civiles, de los cuales 1.058 son niños y adolescentes.
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