Extinción de dominio a 42 bienes en Medellín por presunto robo de agua, energía y gas

Un duro golpe contra las finanzas criminales fue anunciado por las autoridades en Medellín tras un operativo que terminó con medidas de extinción de dominio sobre 42 bienes vinculados, presuntamente, a una red dedicada al robo de servicios públicos en la ciudad.

La extinción de dominio afectó 14 establecimientos comerciales del sector hotelero y 28 inmuebles ubicados en Laureles, Belén y el Centro de Medellín.

La investigación, que se extendió durante 16 meses, fue adelantada de manera articulada entre la Alcaldía de Medellín, EPM, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Según los reportes oficiales, los bienes intervenidos tendrían un avalúo cercano a los $96.000 millones.

De acuerdo con las autoridades, la estructura habría operado desde 2013 mediante conexiones ilegales y manipulación de medidores de agua, energía y gas, con el objetivo de reducir costos operativos y obtener ganancias ilícitas. Solo entre 2020 y 2025, estas prácticas habrían generado pérdidas superiores a $1,24 billones.

Además del impacto económico, las autoridades advirtieron que las conexiones fraudulentas representaban graves riesgos para las comunidades cercanas, ya que podían ocasionar incendios, inundaciones, explosiones y daños estructurales por instalaciones irregulares.

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El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que esta extinción de dominio representa uno de los mayores golpes recientes contra economías ilegales en la ciudad.

El funcionario indicó que la estrategia busca afectar directamente las fuentes de financiación de organizaciones criminales y desmontar estructuras que operaban detrás de fachadas aparentemente legales.

Las investigaciones también permitieron identificar presuntos vínculos familiares, comerciales y societarios entre propietarios de los inmuebles y establecimientos involucrados. Los bienes quedaron bajo custodia de la Fiscalía y posteriormente serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras avanza el proceso judicial.

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