El centro cultural español Juan de Salazar acoge hoy el estreno de un documental sobre la matanza de 11 campesinos y 6 policías ocurrida en Paraguay en 2012, que provocó una semana más tarde la destitución del entonces presidente Fernando Lugo.
El documental “Desmontando Curuguaty” expone el proceso judicial al que han sido sometidas las familias de 13 campesinos del departamento de Canindeyú que fueron acusados por la Fiscalía del homicidio de los agentes policiales.
El material audiovisual, promovido por la ONG Servicio Paz y Justicia (Serpaj), sobre la matanza, dura 25 minutos y será exhibido a las 20.00 hora local (00.00 GMT del jueves) en el auditorio del centro cultural en Asunción.
El documental contiene material fotográfico, periodístico y otros registros audiovisuales de la masacre, así como entrevistas a personas referentes del caso, informó el centro cultural español en un comunicado.
El video es parte de la campaña que el Serpaj, junto con la Articulación por Curuguaty, plataforma integrada por organizaciones y personas solidarizadas con los afectados, viene sosteniendo desde el 2012 en reclamo de justicia.
La finalidad del audiovisual es “poner en contexto real” lo ocurrido aquel día y “dejar al descubierto las contradicciones y falsedades que trae este caso”, dijo la representante del Serpaj en Paraguay, Cristina Coronel.
“Los procesados serán llevados a condena sin pruebas, a través de la violación de las normas, con procedimientos irregulares de un agente fiscal y un sistema de justicia que legitima todas las arbitrariedades e ilegalidades cometidas por la Policía y la Fiscalía”, añadió Salazar, según el comunicado.
El director de la cinta es Osvaldo Ortiz Faiman, mientras que el guión fue elaborado por el periodista del diario paraguayo Última Hora Andrés Colmán, y contó con la participación del analista político Alfredo Boccia.
El 15 de junio de 2012 se produjo en una finca de Curuguaty un violento desalojo que terminó en un enfrentamiento en el que perecieron 11 campesinos y 6 policías.
La masacre provocó una crisis política que sirvió como detonante para que el Congreso destituyera una semana más tarde a Lugo en un controvertido juicio político.
Por la muerte de los policías fueron imputados 13 campesinos, 12 de los cuales permanecen bajo arresto domiciliario y uno de ellos, Rubén Villalba, encarcelado por una causa anterior a la masacre.
Los 13 civiles se enfrentan a cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, y 10 de ellos también afrontan el cargo de intento de homicidio de los policías, mientras que no hay nadie imputado por la muerte de los 11 campesinos.
El juicio contra ellos está fijado para el próximo junio, después de haber sido pospuesto en varias ocasiones. EFE
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