España cumple tres meses de estado de alarma debido a la epidemia de COVID-19 y entra en la última semana de medidas excepcionales, hasta el 21 de junio, cuando se levantarán las restricciones de circulación interior y de entrada por fronteras del espacio Schengen de la Unión Europea (UE), con la vista puesta en la necesaria reactivación turística.
Portugal es la excepción, pues las frontera se reabrirá el 1 de julio, al igual que en el caso de terceros países “seguros”, es decir aquellos que estén incluidos en una lista que será consensuada en la UE.
El sector turístico español, paralizado desde mediados de marzo, tratará de salvar parte de la temporada de verano, la más importante del año, ya que supone el 70 % de los ingresos anuales, sobre todo en destinos costeros.
La rápida expansión de la enfermedad obligó al Gobierno español a confinar a la población en las viviendas y cerrar innumerables edificios dedicados a actividades económicas y comerciales, como hoteles, restaurantes, bares y locales de ocio y espectáculos, lo que repercutió gravemente en la economía nacional.
España es un potencia turística mundial, el segundo país en 2019 con más viajeros procedentes del extranjero (83,7 millones). Antes de la crisis sanitaria, aportaba el 12,3 % al PIB y el 12,7 % al empleo nacional (2,45 millones de trabajadores).
Pero la paralización turística no afecta a todo el país por igual. Sus efectos son importantes especialmente en las regiones mediterrénas y el archipiélago atlántico de las Canarias.
Los primeros viajeros extranjeros llegarán este mismo lunes a las islas mediterráneas de Baleares como parte de un plan experimental de protocolos de seguridad en “corredores turísticos” aéreos con Alemania.
En esta situación, las autoridades se afanan por impedir las aglomeraciones en las playas, cuyo acceso se limita para garantizar la distancia de seguridad entre bañistas, no siempre fácil, y evitar rebrotes de la epidemia, ahora prácticamente controlada.
El Ayuntamiento de Barcelona se plantea llegar a sancionar a quienes no respeten deliberadamente la distancia de seguridad en las playas con multas que podrían ser de entre 100 y los 200 euros.
Tras la epidemia, la mayor parte de España se encuentra ya en la última fase de transición hacia la reactivación socioeconómica total, aunque la región de Madrid, la ciudad de Barcelona y sus zonas de influencia avanzan más despacio, ya que fueron más castigadas por la epidemia.
La progresiva reapertura del país se apoya en los datos ofrecidos diariamente por las autoridades sanitarias, aunque no exentos de polémica sobre su fiabilidad, cuestionada por sectores políticos, profesionales y mediáticos.
Según informó el Ministerio de Sanidad el domingo, España sumó su octavo día consecutivo sin muertes por coronavirus, por lo que el total de defunciones se mantiene en 27.136, mientras que los contagios en las 24 horas anteriores fueron 48.
EFE
2020-06-15
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