Fotos sacadas de redes sociales.
Esquemas de seguridad asignados a cuestionadas figuras vinculadas al sector político oficialista entraron en proceso de desmantelamiento tras una revisión exhaustiva de sus niveles de amenaza.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó de manera formal retirar las medidas de amparo otorgadas a la exaspirante a viceministra Juliana Guerrero, al activista mediático Beto Coral y a la estratega Gabriela Muñoz.
Las evaluaciones del Gobierno concluyeron que no existen elementos objetivos ni sustento técnico suficiente para mantener estas protecciones, las cuales representaban un desembolso mensual cercano a los 40 millones de pesos del erario público.
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La controversia en torno a estos esquemas escaló debido a las irregularidades operativas detectadas en su asignación original durante la administración anterior.
En el caso del activista Beto Coral, recién deportado de Estados Unidos, la medida fue otorgada de manera exprés sin cumplir con los protocolos regulares de valoración de riesgo.
Por su parte, Gabriela Muñoz argumentó recibir protección a raíz de denuncias presentadas ante la Fiscalía por supuestas intimidaciones; sin embargo, fuentes del ente investigador aclararon que únicamente se solicitó evaluar su situación particular y no la asignación directa de vehículos o escoltas.
Muñoz ha sido señalada por presuntas injerencias indebidas y manipulación de nombramientos en la Aeronáutica Civil.
Adicionalmente, Juliana Guerrero atraviesa un panorama judicial complejo tras ser llamada a juicio por la presunta falsificación de un título académico de la Universidad San José con el fin de posesionarse en un alto cargo del Ejecutivo, sumado a investigaciones por supuesto tráfico de influencias en la contratación estatal junto a familiares.
Pese a la decisión emitida por la UNP, los implicados disponen de un término legal de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión correspondiente e intentar revertir el dictamen.
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