Lupa de la Procuraduría al millonario contrato por $1 billón entre Air-e y una empresa china

Minuto30.com .- La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas y anunció el inicio de una actuación preventiva sobre el reciente contrato suscrito por AIR-E S.A.S. E.S.P. —empresa que actualmente se encuentra bajo toma de posesión— y la firma asiática China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC).

La operación, que comprometería recursos por hasta $1 billón de pesos, tiene como objetivo principal financiar proyectos de renovación, expansión y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Los detalles del contrato bajo escrutinio

De acuerdo con la información revelada, el millonario negocio con la compañía china fue estructurado bajo las siguientes condiciones financieras:

• Duración: 60 meses.

• Tasa de financiación: 5,2 % efectivo anual.

• Período de gracia: Un año a partir de la entrada en operación de las obras.

El seguimiento de la Procuraduría cobra especial relevancia dada la situación jurídica de Air-e. Al ser una empresa intervenida por el Estado, su agente especial está en la obligación de informar y justificar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cualquier compromiso contractual, presupuestal o de inversión que pueda afectar el patrimonio de la compañía.

¿Hubo autorización previa?

El Ministerio Público requirió oficialmente a Air-e y a la Superintendencia para determinar si esta última conocía previamente la negociación y si la firma del contrato requería de su autorización expresa.

Además de solicitar todos los estudios técnicos, jurídicos y de riesgos que sustentaron la operación, el ente de control busca establecer el impacto real que estas nuevas obligaciones tendrán sobre indicadores clave como el endeudamiento, el flujo de caja, la sostenibilidad financiera de Air-e y, fundamentalmente, sobre las tarifas que pagan los usuarios.

También se examinará cómo este contrato a 60 meses encajaría en los posibles escenarios futuros para la empresa, incluyendo la eventual llegada de un nuevo operador que asuma la prestación del servicio.

Inversiones necesarias, pero vigiladas

La Procuraduría aclaró que esta acción preventiva no busca frenar ni cuestionar la necesidad urgente de realizar inversiones en la deficiente infraestructura eléctrica del Caribe colombiano. El objetivo es verificar que una movida financiera de tal magnitud se ajuste estrictamente al régimen de intervención, protegiendo el patrimonio de la compañía y garantizando la prestación del servicio a sus más de 1,3 millones de usuarios.

Tanto Air-e como la Superintendencia tienen un plazo perentorio de cinco días hábiles, contados a partir del recibo de la comunicación oficial, para entregar toda la información y los soportes requeridos por la Procuraduría.