Foto: Función Pública
Un juez de control de garantías ha enviado a prisión al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique, y a otras siete personas presuntamente implicadas en una vasta red de corrupción que defraudó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta contundente decisión se tomó luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas irrefutables que los vinculan a un complejo esquema de sobornos y direccionamiento de contratos.
Manrique es señalado de haber recibido 3.000 millones de pesos por su participación en el direccionamiento de un contrato para el suministro de 40 carrotanques. Sin embargo, las investigaciones de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia revelan un entramado mucho más amplio.
Se evidenció que el exfuncionario habría facilitado y gestionado la entrega de 100.000 millones de pesos provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta gestión, habría exigido que contratos específicos, derivados de estos recursos, fueran adjudicados a personas de su elección.
Los imputados y sus cargos
Además de Manrique Soacha, las otras personas afectadas por la medida de aseguramiento son: el abogado Édgar Riveros, su hija Ana María Riveros, y su cuñada Sonia Romero, quien era contratista de la UNGRD. También fueron enviados a prisión Édgar Echeverri, representante legal de la Corporación Mixta Yupurutu; Francisco Estupiñán, jefe de ventas de la misma Corporación; Jorge Aristizábal, asesor de la Dirección de la Función Pública; y Óscar Cárdenas, contratista de la UNGRD.
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Todos ellos fueron imputados, según su nivel de participación, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación (propio y en favor de terceros), lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
El engaño con los carrotanques y otros contratos
La investigación detalla cómo los implicados habrían intervenido en el direccionamiento de contratos relacionados con la adquisición de 40 carrotanques pequeños, el suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potable, las interventorías de estos proyectos y un servicio de topografía a nivel nacional.
Uno de los casos más flagrantes es el contrato para el suministro de carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira, suscrito en octubre de 2023 por un valor de 29.000 millones de pesos con la Corporación Mixta Yapurutú. En este contrato se detectaron sobrecostos por 13.164 millones de pesos. De esa cifra, 3.000 millones de pesos habrían ido a parar a César Manrique, 2.060 millones de pesos a Édgar Riveros, y los restantes 6.380 millones de pesos quedaron en manos de los directivos de Yapurutú.
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