Foto: Archivo
La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra tres exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y un contratista, dentro de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y físicas entre 2020 y 2022.
Los señalados son Diana Toro, exgerente del Instituto de Deportes y Recreación (INDER); Jorge Liévano, exgerente de Metroparques; María Domínguez, quien se desempeñó como exjefe de Compras y exgerente general de Metroparques; y Mauricio Jaramillo, contratista.
Según la Fiscalía, durante el proceso contractual se habrían desconocido principios de planeación, transparencia y selección objetiva, circunstancias que presuntamente favorecieron a una empresa representada por Jaramillo y habrían generado un detrimento para los recursos públicos.
El ente investigador calcula un posible sobrecosto de $3.705.259.410, principalmente por la adquisición de uniformes, balones, medallas y otros implementos deportivos.
¿Qué irregularidades investiga la Fiscalía?
De acuerdo con la acusación, el contrato habría sido estructurado sin estudios del sector, análisis de mercado, justificación del valor estimado ni soporte técnico de los precios unitarios.
Para la Fiscalía, estas omisiones habrían incidido en la determinación del valor del contrato y en las condiciones establecidas para los posibles oferentes.
La investigación también señala que se habrían incluido requisitos de experiencia que limitaban la participación de otros interesados, además de establecer un plazo insuficiente para presentar las propuestas.
Según la hipótesis del ente acusador, estas condiciones habrían orientado el proceso hacia la sociedad representada legalmente por Mauricio Jaramillo.
Los exgerentes de Metroparques, entre los acusados
La Fiscalía atribuye responsabilidades diferentes a los exfuncionarios, de acuerdo con las actuaciones que les atribuye durante la contratación.
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Diana Toro y Jorge Liévano fueron acusados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La Fiscalía sostiene que el proceso no habría contado con los soportes necesarios para justificar sus condiciones.
Liévano y María Domínguez también fueron acusados por interés indebido en la celebración de contratos. Según la investigación, ambos habrían intervenido presuntamente para favorecer a la sociedad representada por Mauricio Jaramillo.
Entre las actuaciones cuestionadas están la ausencia de estudios previos, los requisitos de experiencia y el tiempo otorgado para presentar las ofertas.
La ejecución del contrato también está bajo investigación
Otro de los aspectos señalados por la Fiscalía corresponde a la manera en que se ejecutó el contrato después de su adjudicación.
Según el ente investigador, la empresa que obtuvo el contrato habría recurrido a subcontrataciones y a una cadena de intermediarios para desarrollar las actividades previstas. Esta dinámica, de acuerdo con la acusación, habría incrementado los costos y afectado la eficiencia y economía de los recursos públicos.
La investigación pone especial atención en los valores pagados por los bienes e implementos deportivos incluidos en el proyecto.
El presunto sobrecosto supera los $3.700 millones
La Fiscalía estableció un presunto sobrecosto de $3.705.259.410, relacionado principalmente con la compra de uniformes, balones, medallas y otros elementos deportivos.
De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, los precios habrían sido fijados artificialmente por encima de su valor y los pagos efectuados bajo esas condiciones habrían ocasionado un perjuicio al patrimonio público.
Por estos hechos, Diana Toro, Jorge Liévano y María Domínguez también fueron acusados por peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
La Fiscalía sostiene que los tres exservidores públicos habrían autorizado o permitido los pagos que, según la investigación, terminaron beneficiando patrimonialmente a la sociedad contratista.
El contratista también deberá responder ante la justicia
Mauricio Jaramillo, señalado como representante legal de la empresa favorecida, fue acusado como coautor interviniente del delito de peculado por apropiación agravado.
Según la Fiscalía, presuntamente habría obtenido los recursos cuestionados mediante facturación y cobros sustentados en precios que estarían inflados.
El caso continuará en el escenario judicial correspondiente, donde deberán debatirse las acusaciones y las pruebas presentadas por las partes. Por tratarse de una acusación, la responsabilidad penal de los cuatro señalados aún no está definida.
Así, los tres exfuncionarios y el contratista deberán afrontar el proceso por las conductas que la Fiscalía les atribuye en relación con la contratación realizada para actividades recreativas, deportivas y físicas entre 2020 y 2022.
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