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El presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, alistan un polémico proyecto de ley que, además de sentar un marco jurídico para la «paz total» con grupos armados, busca otorgar beneficios a individuos procesados y condenados en el contexto de la protesta social. Entre los nombres que podrían acceder a estas «gabelas» figura la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, actualmente recluida.
La iniciativa, que será presentada en detalle al Congreso de la República el próximo 20 de julio, se estructura en tres pilares: justicia transicional para grupos armados organizados, sometimiento a la justicia para estructuras criminales no políticas, y beneficios para quienes fueron procesados por su conducta durante el estallido social.
Precisamente, este último pilar abre la puerta a figuras como ‘Epa Colombia’, quien cumple una condena de cinco años y dos meses en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá por los daños ocasionados a una estación de Transmilenio en 2019. De ser aprobado, el proyecto le permitiría acceder a beneficios como la libertad condicional anticipada, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos.
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Otro caso emblemático que podría beneficiarse es el de Sergio Andrés Pastor González, alias ’19’, líder del grupo ‘resistencia Portal Américas’. Condenado a 14 años y siete meses de prisión por tortura agravada y concierto para delinquir durante el paro nacional de 2021, su situación también podría verse impactada por esta nueva propuesta gubernamental.
El proyecto de ley contempla rebajas sustanciales de penas y oportunidades para reincidentes, así como la posibilidad de que los sometidos conserven un porcentaje de sus bienes obtenidos ilícitamente (hasta un 12 %), bajo la condición de «sin desbaratamiento no hay paraíso».
El ministro Montealegre ha explicado que la justicia transicional no considerará el estatus político de la organización, sino su «estructura y capacidad armada».
La iniciativa, que el Ministerio de Justicia presentará primero en el Consejo de Política Criminal y luego ante el Congreso, se enfrentará a un complejo escenario legislativo. Diversos congresistas que previamente apoyaron al presidente Petro ahora se han desmarcado, lo que augura un intenso debate en la última legislatura sobre una propuesta que generará fuertes reacciones y expectativas en el país.
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