Foto tomada de archivo para ilustrar esta noticia.
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Minuto30.com-. Por solicitud de la Fiscalía, el Juzgado 47 Penal de Bogotá, con función de garantías, envió a la cárcel a nueve presuntos integrantes de una organización compuesta por funcionarios judiciales y particulares, que está dedicada a otorgar beneficios judiciales a delincuentes.
“Algunos intervenían en procesos ilegales para otorgar libertades y ayudas a procesados por narcotráfico, abusos sexuales, bandas delincuenciales y otros delitos”, se indicó durante la audiencia por parte de la Fiscalía.
Para fundamentar la medida restrictiva de la libertad, la Fiscalía mostró cerca de 300 audios extraídos de interceptaciones telefónicas, según los cuales se infiere la responsabilidad penal de los procesados.
De acuerdo con la fiscal del caso, la libertad de los procesados pone en peligro a la sociedad, “toda vez que impusieron su interés particular al general, en contravía de lo que contempla la Carta Política”.
La medida privativa de la libertad afecta a Eduardo de Jesús Rezo Ovalle, juez de Villavicencio (Meta); Fabián Ríos Cortés, quien se desempeñó como director de la cárcel La Esperanza en Guaduas (Cundinamarca); y José Luis Rangel Núñez, asesor jurídico de la cárcel de Villavicencio.
Igualmente fueron cobijados con la medida: Arismendy Varela Moreno, asesor jurídico del Inpec; Jefrey Torres Torres, dragoneante de la cárcel de Guaduas (Cundinamarca); Alison Fabián Nández, estudiante de derecho; y la asistente judicial, Blanca Ruth Salazar.
Estas personas serán recluidas en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota de Bogotá.
Por otra parte, fue llevada a la cárcel El Buen Pastor la abogada Viviana Vega, mientras que el comerciante Julio Alberto Preciado fue recluido en la cárcel Modelo, de la capital del país.
La investigación señala que entre los beneficiados con resoluciones irregulares aparecen el presunto traficante de drogas, Ángel Humberto Espitia, al cual se le concedió la detención domiciliaria.
Entretanto, a Julio Alberto Preciado Oñate, sentenciado a ocho años de cárcel por tráfico, fabricación y porte ilegal de armas, se le otorgó la libertad para movilizarse en todo el territorio nacional.
A unos procesados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir y cohecho, y a otros prevaricato por acción, falsedad en documento público y fraude procesal, según su presunta responsabilidad.
“En el caso concreto le asiste la razón a la fiscal porque los ciudadanos habían puesto su confianza en ellos por su dignidad y profesionalismo, la libertad de los ciudadanos pone en peligro la comparecencia de estos y a la sociedad en general”, concluyó el juez de garantías al proferir la decisión.
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