Hay un evidente desfase entre las promesas y las acciones del actual gobierno respecto a la Transición Energética. Recordemos las palabras de la exministra Irene Vélez en el reciente Congreso Nacional de Minería (2023) en Cartagena, alertando sobre la “desaceleración de la economía del país”.
Es indiscutible: el sector minero energético muestra signos claros de ralentización. Con proyectos suspendidos, empresas petroleras cerrando y demandando al Estado, y el crecimiento de litigios contra la “PetroTributaria”, el panorama no es alentador. Proyectos como Zijin – Continental Gold han caído en manos indebidas, se ha rechazado la exploración de nuevos hidrocarburos y se suspendieron proyectos como los Pilotos de Investigación Científica (Fracking).
Un informe del DNP, la CEPAL y la Agencia Francesa para el Desarrollo, alerta que recortar a la mitad la producción de petróleo y carbón llevará a la pérdida de hasta 145 mil empleos, una contracción del 3.5% en el PIB y un incremento del 5% en la pobreza. Además, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) hace un llamado al gobierno del presidente Petro para que reconsidere sus políticas y fomente la cooperación entre sectores.
A nivel internacional, nuestro avance en Transición Energética retrocede. Hemos caído al puesto 39 de 120 países, relegando nuestra posición como uno de los líderes en América Latina. Según el Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial (WEF), nuestra puntuación es de 60.5, por debajo del 66 que logramos en 2021. Estamos rezagados, superados por naciones como Brasil, Uruguay y Chile.
Y por si fuera poco, las declaraciones del presidente Petro en escenarios internacionales generan más incertidumbre que confianza. Su reciente afirmación ante la ONU sobre llevar a cero la producción de petróleo y gas a corto plazo suscita preguntas esenciales: ¿cómo reemplazaremos el 54% de nuestras exportaciones?, ¿cómo financiaremos el Sistema General de Regalías? y ¿cómo sustituiremos el gas que consumimos diariamente 37 millones de colombianos?
Estas preguntas exigen respuestas antes de que el gobierno nos arrastre al precipicio energético. La debilidad del sector, sumada a la incertidumbre jurídica y la falta de nuevos contratos de hidrocarburos, hace inviable alcanzar la carbono neutralidad. Además, es evidente que las energías renovables no convencionales, pilar de la transición, no son una prioridad para este gobierno. Las decisiones recientes, que modifican términos técnicos y económicos previamente acordados, solo añaden más dudas al panorama.
El activismo climático y la ideología no son buenos consejeros para el desarrollo de un país. Petro y su gobierno son más de los mismos que han conducido al desastre de países como Venezuela o Cuba, o si lo prefieren, como Argentina.
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