Una mujer con ayudas para los indígenas desplazados en el Parque Nacional de Bogotá, en una fotografía de archivo. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Bogotá, 27 oct (EFE).- Entre julio y septiembre de este año se produjeron 21 episodios de desplazamiento forzado en Colombia, que obligaron a 15.644 personas a abandonar sus hogares por amenazas, ataques o choques de actores armados, más del 100 % que el mismo periodo de 2020, según revelo el último informe de la Defensoría del Pueblo.
«Un total de 5.266 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado en doce municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca», dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Comparado con el tercer trimestre de 2020, en 2021 se produjo un incremento del 213 % en el número de familias afectadas (de 1.682 a 5.266) y se duplicaron las personas perjudicadas.
En lo que va de año se han producido al menos 118 eventos de desplazamiento masivo, que afectaron a 19.474 familias (57.643), según cifras de la Defensoría que no incluyen datos de junio.
El Pacífico fue en julio, como ya venía siendo en meses anterior, «el epicentro de la disputa territorial armada para resguardar las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal», que está en la base de muchos de estos desplazamientos.
En agosto siguió ocurriendo lo mismo, pero, según la Defensoría, se produjeron movimientos de población que volvió a sus hogares «sin el acompañamiento de las instituciones competentes, sin garantías de seguridad, de no repetición, de dignidad y dificultades de atención en las zonas receptoras», forzadas por la necesidad de velar por sus cultivos y sus fuentes de trabajo.
«Resulta preocupante que al finalizar el mes de septiembre se mantuvieron las causas que afectan a las comunidades, como acciones de diferentes grupos armados ilegales por el control territorial a partir de intimidación, amenazas, asesinatos, control social, retenes ilegales, combates con interposición de población civil, utilización de artefactos explosivos improvisados y enfrentamientos; generando crisis humanitarias en los territorios», dijo Camargo.
Por otro lado, el confinamiento forzado de comunidades, fruto de las amenazas de grupos armados, el minado de los alrededores de comunidades o los choques armados, también aumentó en el tercer trimestre del año.
Entre julio y septiembre, «las acciones de las organizaciones armadas impidieron la movilidad de 10.065 personas, que integran 2.454 familias de 38 comunidades, las cuales debieron permanecer confinadas ante el temor de afectaciones a su vida e integridad», se extrae del informe de la Defensoría.
Estos 14 hechos de confinamiento se produjeron en localidades de Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, la mayor parte en el Pacífico.
En lo que va de año (y sin contar el mes de junio), 219 comunidades han tenido confinamientos forzados, donde han estado afectadas 42.988 personas.
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