Enfermos de injusticia

“Continúan las extorsiones en el centro (…)”, “Asesinan a una mujer y dos niños en el barrio (…)”, “Conmoción en Medellín por abuso sexual contra (…)” “con granada, atentan contra dos policías en San Cristóbal”  Cada vez que se leen estos titulares en los periódicos o en la televisión, muchos ciudadanos se indignan, pero también, son muchos los que prefieren hacer del silencio, el mejor cómplice frente a toda clase de delitos atroces, especialmente los cometidos contra mujeres y niños, que rebosan los informativos a diario.

Medellín es una ciudad sedienta de justicia, en donde el Estado aún tiene mucho que mejorar en materia de seguridad ciudadana y en los procesos de judicialización de quienes cometen estos crímenes. Los delincuentes saben que las autoridades los están combatiendo, pero la institucionalidad necesita mucha más articulación operativa y herramientas de inteligencia eficientes en procura de brindarles tranquilidad a los ciudadanos.

Solo en lo corrido de este año, se han presentado 161 asesinatos en Medellín según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, cifra que probablemente seguirá en aumento si no se le apuesta a una estrategia de cultura ciudadana. Y más que estrategia, esta debe convertirse en una política pública enfocada a preservar los valores y las normas sociales, que promueva el respeto por la vida y el sentido de pertenencia por el patrimonio público y la convivencia.

Las riñas frecuentes entre amigos y vecinos, la falta de tolerancia y de respeto por el otro, y la reiterativa violencia doméstica, se han convertido en fuente primaria de muchos problemas de convivencia, y no se ve la solución a corto plazo a esta realidad que termina siendo paisaje, sin evidenciar las heridas que nos va dejando como sociedad.

Esta enfermedad progresiva de injusticia debe remediarse cuanto antes, porque sus efectos son devastadores, y se ven reflejados, por ejemplo, en la incapacidad del Estado para proteger a los menores de delitos como el abuso, la trata y la explotación. La injusticia también vuelve insuficiente cualquier tarea para garantizarles los derechos a los ciudadanos, tal como pasó con Omar Andrés Henao Castaño, que estaba acusado del homicidio de una menor de 15 años, hermana de su expareja y, quien se suicidó lanzándose desde el piso 25 del Palacio de Justicia de Medellín.

Mientras esperamos acciones contundentes del Estado en materia de justicia, debemos ya no solo pensar  sino ejecutar con determinación una política de cultura ciudadana como el antídoto para una sociedad enferma que deja víctimas en todos los barrios y estratos sociales de nuestra ciudad, cada vez con más frecuencia.