Emiten órdenes de captura contra los implicados en el secuestro de exasambleísta ecuatoriano en Bogotá

Minuto30.com-. Tras el intercambio de información entre la Fiscalía de Colombia y la de Ecuador fue posible individualizar y solicitar, ante un juez de control de garantías de Bogotá, tres órdenes de captura contra los presuntos determinadores del secuestro del exasambleísta y publicista ecuatoriano Fernando Marcelo Balda Flores, ocurrido el 13 de agosto de 2012, en el norte de Bogotá.

Las órdenes judiciales recaen sobre Jéssica Falcón Querido, Jorge Armando Espinoza Méndez y Luis Raúl Chicaiza Fuentes, integrantes de la Policía de Ecuador. El material probatorio recopilado por fiscales colombianos indicaría que estas personas habrían ordenado la retención del político y supuestamente contactaron a un grupo criminal en Colombia para que se encargara del acto delincuencial.

Los policías activos Falcón Querido y Espinoza Méndez fueron capturados por las autoridades ecuatorianas, que buscan al tercer sospechoso, quien tendría relación con las agencias de inteligencia en su país y ya fue separado del cargo.

La Fiscalía avanzará en los trámites necesarios para que los capturados sean imputados por el delito de secuestro simple.

Fernando Marcelo Balda fue retenido la noche del lunes 13 de agosto de 2012, en el barrio Cedritos, en Bogotá. De acuerdo con la información obtenida en las investigaciones, cuatro hombres evitaron que el político ingresara a un edificio y lo obligaron a subir a una camioneta de gama alta, con rumbo desconocido. La red de taxistas de la ciudad persiguió a los delincuentes y alertó a la Policía Nacional, que frustró el secuestro y detuvo a los secuestradores.

Por estos hechos los autores materiales fueron procesados y condenados, y las indagaciones a cargo de fiscales colombianos continuaron para dar con las identidades de los presuntos determinadores. Por su parte, el exdiputado Balda Flores fue expulsado de territorio nacional por Migración Colombia en octubre de 2012, en atención a una nota verbal enviada por el Gobierno de Ecuador que lo requería para que enfrentara una sentencia condenatoria por injuria no calumniosa grave, proferida por el Juzgado Primero de Garantías Penales del Guayas (Ecuador).

Con información de la Fiscalía General de la Nación