Foto de redes sociales.
El paro armado del ELN que se extendió durante 72 horas en varias regiones del país dejó pérdidas cercanas a los $3.000 millones para las empresas de transporte terrestre de pasajeros, según el balance entregado por la Asociación de Transportadores de Pasajeros (ATPA).
De acuerdo con el gremio, además del impacto económico, la jornada de violencia generó zozobra e incertidumbre entre conductores, empresarios y usuarios del servicio, especialmente en plena temporada decembrina, cuando se incrementa la movilidad por carretera.
El paro armado inició a las 6:00 de la mañana del domingo 14 de diciembre y se prolongó hasta el miércoles 17 de diciembre, periodo durante el cual se registraron acciones violentas en al menos 13 departamentos, entre ellos Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Cesar, La Guajira, Chocó y Antioquia.
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El balance preliminar de las autoridades da cuenta de al menos cinco personas fallecidas, entre ellas dos integrantes de la Policía Nacional, así como múltiples ataques terroristas, incluidos hostigamientos armados y la detonación de explosivos en un peaje de la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja.
En Antioquia, uno de los hechos más graves fue la quema de un bus intermunicipal en la vía hacia la Costa Caribe, a la altura del municipio de Valdivia. El vehículo, fue atacado en el sector La Paulina durante la noche del domingo, lo que representó una pérdida cercana a los $1.300 millones, según el gremio transportador.
Samir Echeverri, director ejecutivo de ATPA, explicó que durante los días del paro armado las empresas se vieron obligadas a suspender completamente las operaciones hacia el Chocó, una ruta en la que normalmente circulan cerca de 30 buses diarios, ida y regreso.
Esta suspensión, indicó, genera pérdidas adicionales debido a costos fijos como salarios, parqueaderos, arrendamientos y servicios.
El dirigente gremial también advirtió que en lo corrido del año las empresas ya han tenido una reducción cercana al 20% en sus operaciones hacia zonas con problemas de orden público, y que en regiones como los Santanderes, los viajes hacia Cúcuta han disminuido hasta en un 40%, con niveles de ocupación que apenas alcanzan el 60%, pese a la temporada alta.
Finalmente, desde ATPA cuestionaron la falta de respuesta del Gobierno Nacional frente a las afectaciones del sector. Señalaron que, pese a las denuncias sobre amenazas y panfletos, no han recibido acompañamiento efectivo ni del Ministerio de Defensa, ni del Ministerio de Transporte, ni del Ministerio del Interior, lo que, aseguran, agrava la crisis del transporte intermunicipal en el país.
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